Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico

234 Pages·2017·7.2 MB·Spanish

Justicia Ambiental,
Desigualdad y
Pobreza en
Puerto Rico

Informe Multisectorial sobre las
violaciones de Derechos
económicos, sociales y medio-
ambientales tras el paso de los
huracanes Irma y María en
Puerto Rico

7 DICIEMBRE 2017

Coordinado por:
Instituto Caribeño de Derechos Humanos y Clínica Internacional de Derechos Humanos de la

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
7 DICIEMBRE 2017 INFORME JUSTICIA AMBIENTAL PR
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7 de diciembre de 2017

Coordinación de la investigación: Annette M. Martínez Orabona,
Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
Edición Final : Annette M. Martínez Orabona
Editoras de Capítulos: Eva Prados, Ataveyra Medina, Bárbara Jiménez y Verónica González.

Coordinadores(as) de las Mesas de Trabajo: Sheymar Ortiz Archilla, Melvin Maldonado Pérez, Osvaldo Caro Cruz, Yamil Vázquez
Hidalgo, Roneil Louzau Pastrana, Sara Meléndez Fenollal (estudiantes de la Clínica Internacional de Derechos Humanos y de la
Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico).

Fotografía de la portada: Aurelio Castro Jiménez, publicada en Diálogo, el 24 de octubre de 2017.

* Este documento puede ser reproducido para fines educativos e informativos. Puede descargarse de forma gratuita a través de
la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y del Instituto Caribeño de Derechos Humanos.

Cita sugerida:
ICADH. Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico, (2017), [Número de Capítulo], [Nombre del capítulo], [Nombre
del autor u autora, de acuerdo con el capítulo que se cite], [pág].
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Nota de la Editora
Cuando los huracanes Irma y María impactaron el archipiélago de Puerto Rico, ya veníamos
enfrentando problemas estructurales que nos hacían vulnerables a sufrir las graves consecuencias de
eventos naturales de gran magnitud. Estas condiciones provocaron que en Puerto Rico viviéramos
prolongadas inundaciones, el colapso del sistema eléctrico, la ausencia casi total de la red de
comunicaciones y del internet, la interrupción del sistema de acueductos, y daños masivos a nuestra
vegetación, así como a estructuras de vivienda. La magnitud de los daños fue tal, que al escribir este
informe han pasado más de dos meses y Puerto Rico aún permanece en un estado de desastre.

Ante esta situación, un conjunto de organizaciones, instituciones académicas e individuos, decidimos
documentar las condiciones en que permanecen los residentes de Puerto Rico luego del paso de los
huracanes Irma y María. Cada uno de los capítulos del informe fue escrito por grupos de personas que
recabaron información de manera voluntaria, con el único propósito de documentar las violaciones
de derechos humanos y las condiciones de precariedad en la que se encuentran las poblaciones más
vulnerables en nuestro país. En cada visita realizada se pudo observar las graves condiciones de
nuestras comunidades más pobres, y ello nos movió a documentar las experiencias vividas en escuelas,
refugios, barrios, égidas, residenciales, hospitales, cárceles, entre otros.

La información recogida en este informe también sirvió como base documental para una audiencia
pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 7 de diciembre
de 2017, en la cede de la CIDH en Washington, D.C.. En la audiencia, estuvieron presentes más de 32
delegadas/os de Puerto Rico, representadas/os por Bethsaida Bosa Matos, Kianis Figueroa, y Modesta
Irizarry, quienes expusieron las experiencias vividas antes y después de los huracanes Irma y María en
sus comunidades de Peñuelas, Vieques y Loíza (respectivamente).

Hoy, publicamos este informe con el fin de denunciar las violaciones de derechos humanos en Puerto
Rico, experimentadas con más fuerza después del impacto de los huracanes Irma y María. Tal y como
señalamos a lo largo del informe, estas violaciones no son el resultado directo de los huracanes, sino
más bien de fallas estructurales y políticas que priorizan otros intereses a costa de la salud y el bienestar
de nuestra población. En este sentido, el mal manejo de la emergencia ambiental comenzó mucho
antes de los huracanes, con la desregulación de proyectos de desarrollo con gran impacto ambiental,
la proliferación de proyectos energéticos contaminantes, la marginación de comunidades vulnerables,
el desmantelamiento de los servicios públicos y la ausencia de planes sensibles para la reubicación
segura y respetuosa de las comunidades vulnerables a espacios adecuados de vivienda, entre otros.
Esperamos que este informe sirva de herramienta para exigir el desarrollo de medidas garantistas de los
derechos humanos, que nos permitan enfrentar eventos similares en el futuro con mayor
independencia y auto-sustentabilidad.

Annette M. Martínez Orabona
Directora, Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH)
Profesora, Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho UIPR
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TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO I. ANTECEDENTES: DERECHOS HUMANOS Y POBREZA EN PUERTO RICO ANTES DE LOS
HURACANES IRMA Y MARÍA ................................................................................................................ 8
A. LEY P.R.O.M.E.S.A. Y LA IMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE CONTROL FISCAL ............................................. 10
B. COYUNTURA ECONÓMICA DE PUERTO RICO PRE-MARÍA .................................................................... 12
C. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS POST-MARÍA ......................................................................................... 14
D. IMPACTO DEL HURACÁN MARÍA SOBRE EL MERCADO LABORAL ............................................................ 16
E. DESIGUALDAD Y POBREZA ................................................................................................................ 17
CAPÍTULO II. IMPACTO DEL HURACÁN MARÍA Y RESPUESTA INEFICIENTE DEL ESTADO A LA
EMERGENCIA ....................................................................................................................................... 21
A. RESUMEN DE LOS EFECTOS INMEDIATOS DE LOS HURACANES IRMA Y MARÍA ............................................. 21
B. MANEJO INADECUADO DE LA EMERGENCIA ........................................................................................ 24
C. EXIGENCIAS ....................................................................................................................................... 32
CAPÍTULO III. PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOBERANÍA ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA ...................... 33
A. LA FALTA DE PLANIFICACIÓN Y EL DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE ADECUADO ..................................... 33
B. LA FALTA DE TRANSPARENCIA, EL CIERRE DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ESTADO
PERMANENTE DE EMERGENCIA EN PUERTO RICO EN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES AMBIENTALES ............ 34
C. JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA EN PUERTO RICO ............................................................................ 38
D. LAS POLÍTICAS DE GENERACIÓN ENERGÉTICA EN PUERTO RICO Y SU IMPACTO EN COMUNIDADES DE
ESCASOS RECURSOS ................................................................................................................................ 46
E. EXIGENCIAS ..................................................................................................................................... 52
CAPÍTULO IV. DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA ............................................................................... 55
A. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 55
B. PÉRDIDA TOTAL DE VIVIENDAS Y VIVIENDAS PARCIALMENTE DESTRUIDAS ................................................. 55
C. DESPLAZAMIENTO DE COMUNIDADES EN ZONAS INUNDABLES ............................................................... 58
D. PERSONAS SIN HOGAR ..................................................................................................................... 59
E. REFUGIOS ........................................................................................................................................ 61
F. EJECUCIONES DE HIPOTECA .............................................................................................................. 64
G. DESAHUCIOS ................................................................................................................................... 67
H. EXIGENCIAS .................................................................................................................................... 72
CAPÍTULO V. DERECHO A LA EDUCACIÓN ........................................................................................ 74
A. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 74
B. CIERRE DE ESCUELAS ........................................................................................................................ 74
C. LA SITUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUS FAMILIAS ................. 81
D. EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN EN MOMENTOS DE EMERGENCIAS .......................................... 85
E. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN EN PUERTO RICO ...................................................... 87
F. CONCLUSIÓN Y EXIGENCIAS ............................................................................................................. 89
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CAPÍTULO VI. DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y
EXPRESIÓN ........................................................................................................................................... 90
A. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 90
B. FALTA DE ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE DESASTRE ............................... 90
C. FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LA AYUDA HUMANITARIA EN CURSO Y LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN 97
D. FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES ............ 102
E. ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA Y DESASTRES NATURALES .................................................................................................... 105
F. MARCO NORMATIVO SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN PUERTO RICO .......................... 106
G. DERECHO A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN ..................................................................... 108
H. CONCLUSIÓN Y EXIGENCIAS ............................................................................................................. 118
CAPÍTULO VII. DERECHO A LA SALUD ............................................................................................... 120
A. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 120
B. COLAPSO DEL SISTEMA HOSPITALARIO Y LOS SERVICIOS DE SALUD .......................................................... 120
C. AUSENCIA DE PROTOCOLOS ADECUADOS PARA DOCUMENTAR LAS MUERTES ........................................ 128
D. LAS CONDICIONES DE SALUD EN LOS REFUGIOS ................................................................................... 132
E. EL EMBARAZO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE MARÍA ........................................................................... 134
F. SALUD MENTAL ................................................................................................................................. 136
G. CONSUMO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS ....................................................................................... 140
H. SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD ........................................................................................................... 142
I. CONCLUSIÓN Y EXIGENCIAS ............................................................................................................... 144
CAPÍTULO VIII. DERECHO AL AGUA, A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y A LA AGRICULTURA .. 148
A. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 148
B. FALTA DE ACCESO AL AGUA Y A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA ............................................................ 148
C. EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SUS LIMITACIONES EN PUERTO RICO ................................................. 149
D. EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ...................................................................................................... 153
E. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO EN PUERTO RICO 159
F. CONCLUSIÓN Y EXIGENCIAS .............................................................................................................. 163
CAPÍTULO IX. POBLACIONES HISTÓRICAMENTE MARGINADAS Y DISCRIMINADAS ..................... 165
A. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 165
B. DERECHOS DE LAS MUJERES .............................................................................................................. 166
C. DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTQI ............................................................................................. 180
D. DERECHOS DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS ........................................................................................... 183
E. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS ...................................................................... 190
F. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ................................................................. 193
G. DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD .......................................................................... 202
H. DERECHOS DE LAS PERSONAS AFRO-DESCENDIENTES ............................................................................ 204
I. DERECHOS DE LAS PERSONAS ENVEJECIENTES ....................................................................................... 211
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J. VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS RESIDENTES EN LA ISLA MUNICIPIO DE VIEQUES, TRAS EL
PASO DEL HURACÁN MARÍA .................................................................................................................. 214
CAPÍTULO X. NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES AL MANEJO DE DESASTRES, Y LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS .................................................................................. 221
A. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 221
B. POBREZA, CAMBIO CLIMÁTICO, DESPLAZAMIENTO Y DERECHOS HUMANOS EN PUERTO RICO ................... 222
C. PRINCIPIOS Y GUÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES NATURALES ....................................................................................................................... 225
D. PRINCIPIOS Y GUÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS POR CAUSA DE DESASTRES
NATURALES .......................................................................................................................................... 228
E. OBLIGACIÓN DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE DEUDA PÚBLICA ................. 230
CAPÍTULO XI. CONCLUSIÓN ............................................................................................................. 234
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Capítulo I. Antecedentes: Derechos Humanos y Pobreza en
Puerto Rico antes de los huracanes Irma y María
1
Hace más de un año, el 4 de abril de 2016, mientras Puerto Rico atravesaba por una de las peores crisis
económicas y políticas de su historia, un grupo de más de 42 organizaciones acudimos ante la
Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) para denunciar que esta crisis había tenido
efectos regresivos en los derechos humanos2. En un informe, que titulamos “Deuda Pública, Política
Fiscal y Pobreza en Puerto Rico”, denunciamos la responsabilidad de Estados Unidos y del gobierno
local sobre los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En ese informe también
expusimos que la discusión de asuntos públicos en Puerto Rico se había reducido al pago o no de la
deuda del gobierno, sin que se tomaran en cuenta los principios y estándares internacionales sobre
deuda pública y derechos humanos, y reclamamos que las decisiones sobre políticas fiscales fueran
atendidas con los derechos humanos como punto de partida. En resumen, en dicho informe se
denunciaron las siguientes condiciones y violaciones de derechos humanos:
• En la presente depresión económica, Puerto Rico había perdido alrededor de 268,000 empleos,
y sólo 28% de la población tenía trabajo, siendo una de las proporciones más bajas del mundo.
• Puerto Rico vive la migración más alta de su historia. Desde que comenzó la depresión, más de
600,000 personas se fueron del país, de las cuales 240,000 vivían bajo niveles de pobreza.
• Del año 2000 al 2014 se duplicó el empleo precario, y 1 de cada 5 personas que trabajan son
pobres.
• A pesar del aumento desproporcionado en impuestos, cada vez se reciben menos servicios
públicos;
• Existen grandes barreras al acceso de información pública que impiden realizar
cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto público, y crea incertidumbre sobre la gestión
gubernamental.
• Las medidas de austeridad implementadas implicaron el despido masivo de empleados
públicos, la suspensión de convenios colectivos y de la negociación colectiva; la reducción de
los sistemas de jubilación; y, la desvalorización de los derechos adquiridos por la clase
trabajadora.
• Las medidas de austeridad incluyeron el cierre masivo de escuelas y la interrupción del servicio
de transporte escolar, afectando particularmente a estudiantes bajo el nivel de pobreza,
especialmente en zonas rurales y apartadas. Se priorizó el pago a la deuda pública sobre el
pago de contratos de servicios educativos, tales como terapias a estudiantes de educación
especial, quienes constituyen un 45% del estudiantado. Se redujo por cientos de millones de

1 Redactado por Eva Prados Rodríguez, y editado por Annette M. Martínez Orabona.
2 ICADH, Deuda Pública, Política Fiscal y Pobreza en Puerto Rico, Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 157 periodo de
sesiones, 4 de abril de 2016. Disponible en https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2016/04/final-informe-audiencia-pucc81blica-pr-4-de-abril-2016-2.pdf.
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dólares el presupuesto de la universidad pública, provocando una huelga estudiantil de casi
dos meses.
• Mientras más se gastaba en el pago de la deuda, menos se destinaba para servicios de salud.
Poblaciones que históricamente han documentado serias violaciones de salud física y mental,
por su edad, raza, estatus migratorio, género, orientación sexual, bajo la crisis fiscal estaban en
peor situación. Así era el caso también de las personas con VIH/SIDA que se han perjudicado
por los recortes de fondos gubernamentales a organizaciones comunitarias que les brindan
servicios.
• Contaminación ambiental y derecho al agua. Tanto el gobierno local como el federal no
habían atendido los problemas ambientales de falta de acceso al agua en el municipio de
Guánica, la falta de disposición adecuada de neumáticos y desperdicios de cenizas de
carbón en Peñuelas, la necesidad de dragado del Caño Martín Peña y la limpieza de terrenos
en Vieques, contaminados por las prácticas de la Marina de Guerra de los Estados Unidos.
Incumpliendo así, con el deber de proteger la vida, dignidad y salud del pueblo.
• La crisis, la austeridad y la especulación en Puerto Rico ha lacerado grandemente el derecho
humano a la vivienda, con un aumento dramático en procesos de desahucios, ejecuciones de
hipoteca y expropiaciones. Los residentes de vivienda pública se exponen a perder sus
viviendas cuando se atrasan en el pago de agua o energía eléctrica, y estos procesos son
sumarios, lo que deja a la persona afectada con poco tiempo para asegurarse una defensa
adecuada u otra alternativa de vivienda. Así denunciamos que ese aumento en desahucios y
expropiaciones afectaba principalmente a los grupos históricamente más vulnerables a la
pobreza, revelando un plan para desplazar a comunidades pobres.
• Las medidas de austeridad (en PR y EE.UU.) han tenido un impacto devastador en el acceso a
la justicia, particularmente de personas históricamente vulnerables. Los fondos federales para
la defensa de personas con limitados recursos económicos en casos civiles se redujo a un 40% y
se cerraron la mayoría de los centros que ofrecen representación legal en la esfera civil. El 80%
o más de la necesidad legal en la esfera civil quedó desatendida, dejando indefensos
a quienes no tienen recursos para defender sus derechos.
• La subordinación política de P.R. a EE.UU. limita su salida de la crisis. Si Puerto Rico fuese
soberano, pudiese crear el marco legal necesario para reestructurar organizadamente su
deuda pública. Por el contrario, entre un 40% a un 50% de la deuda pública de Puerto Rico está
bajo control de los llamados “fondos buitres” quienes han presionado para evitar todo
mecanismo de reestructuración de deuda, profundizando la crisis humanitaria.
Finalmente, señalamos que la única salida a la crisis fiscal y humanitaria era la moratoria al pago de la
deuda pública, su auditoría integral, la eliminación de toda deuda emitida ilegalmente, y la
reestructuración de la deuda legítima siguiendo los estándares internacionales sobre deuda pública y
derechos humanos. De igual forma, rechazamos la imposición de una junta de control fiscal por ser
una medida antidemocrática que conllevaría mayores políticas de austeridad con efectos regresivos
sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Puerto Rico.
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A. Ley P.R.O.M.E.S.A. y la imposición de la Junta de Control Fiscal

El 29 de junio de 2016, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Puerto Rico Oversight and
Economic Stability Act3 (“PROMESA”, por sus siglas en inglés). A través de esta legislación, se estableció
una Junta de Control Fiscal (referida en este texto como “Junta”) compuesta por siete oficiales no-
electos por el pueblo de Puerto Rico. De acuerdo con PROMESA, el objetivo de la Junta es lograr el
repago de la deuda y restablecer la reputación de Puerto Rico en los mercados financieros.

La imposición de la Junta presentó obstáculos para la realización de los derechos humanos de quienes
viven en Puerto Rico. Primeramente, no hubo participación ni consulta adecuada en los procesos que
dieron paso a la aprobación de PROMESA o al establecimiento de este cuerpo. Cabe señalar que los
residentes de Puerto Rico no tienen derecho a votar por el Presidente de Estados Unidos y que su único
representante ante el Congreso es un(a) oficial con voz pero sin voto. La imposición de la Junta ha sido
caracterizada como antidemocrática en innumerables ocasiones, y por personas y grupos
pertenecientes a distintos sectores. Por otro lado, a pesar de haber sido caracterizada en la ley como
una Junta para “supervisar”, al poco tiempo de su instauración, la Junta asumió el control financiero
del fondo general, las agencias y otras instrumentalidades de Puerto Rico. De igual forma, y a tenor
con las facultades en ley, anunció su poder para revisar y derogar legislación, convenios colectivos u
otras políticas públicas que no fueran cónsonas con los planes fiscales aprobados por la Junta. Es por
esto que activistas y público en general han optado por denominar a este organismo como la Junta
de Control Fiscal.

Por otro lado, las personas que integran la Junta han estado ligadas a firmas de bonistas y acreedores
que fueron parte de las entidades gubernamentales que emitieron deuda pública, entre otros. Incluso,
uno de sus miembros participó de emisiones voluminosas de deuda pendiente de vencerse y dirigió las
emisiones de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante)4 las cuales se consideran
cuestionables por utilizarse para fines ajenos a los propuestos (ejemplo, para gastos operacionales).
Otro de sus miembros proviene de una organización sumamente conservadora, American Enterprise
Institute. Además, el primer director ejecutivo interino de la Junta admitió públicamente que es bonista
del gobierno puertorriqueño, además de haber sido presidente de una aseguradora que tiene uno de
los contratos más grandes con el gobierno local dado a su posición como intermediaria en el plan
médico público (conocido como Reforma de Salud).5 Actualmente, el costo de las operaciones de la
Junta lo paga el pueblo puertorriqueño, y en cuatro años costará más dinero que la rama legislativa
de Puerto Rico.6

3 Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act. 48 U.S.C.A. §§ 2101-2241 (2016).
4 Cintrón Arbassetti, Bajo la lupa dos integrantes de la Junta de Control Fiscal por su pasado en Banco Santander, CPI (16 de diciembre de 2016), disponible en:
http://periodismoinvestigativo.com/2016/12/bajo-la-lupa-dos-integrantes-de-la-junta-de-control-fiscal-por-su-pasado-en-banco-santander/
5 Cintron Arbasetti, Plan fiscal separa dinero para pagar una deuda cuestionada en el Tribunal y por la ciudadanía, CPI (15 de marzo de 2017), disponible en:
http://periodismoinvestigativo.com/2017/03/plan-fiscal-separa-dinero-para-pagar-una-deuda-cuestionada-en-el-tribunal-y-por-la-ciudadania/.
6 José A. Delgado, Junta Control Fiscal costará cientos de millones de dólares, EL NUEVO DÍA (4 de junio de 2016), disponible en:
http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/juntacontrolfiscalcostaracientosdemillonesdedolares-2206623/