Derecho procesal penal

519 Pages·2005·22.93 MB·Spanish

by  Vñzquez Rossi Jorge

Jorge Eduardo Vázquez Rossi
DERECHO PROCESAL PENAL
(La realización penal)
TOMO II
EL PROCESO PENAL
RUB1NZAL - CULZONI EDITORES
Talcahuano 442 - Tel. [phone] - 1013 Buenos Aires
Tucumán 2644 - Tel. [phone] - 3000 Sania Fe
ISBN 950-727-126-0
RUBINZAL - CULZONI EDITORES
de Rubinzal y Asociados S. A.
Talcahuano 442 - Tel. [phone] - 1013 Buenos Aires
Queda hecho el depósito que dispone la ley 11.723
IMPRESO EN ARGENTINA
CAPITULO XI
EL PROCESO PENAL
1. Acción y proceso
Más allá de las discusiones en torno a la naturaleza ju-
rídica y características de la acción, puede convenirse en
que la misma opera como el impulso que pone en movimiento
y desarrolla la serie de actos que denominamos proceso, en-
tendiendo por tal el mecanismo que conduce a la aplicación
del Derecho sustantivo al caso y sujeto concretos. La acción
es la instancia que, proyectándose sobre el accionado, tiende
a la obtención de una decisión sobre el caso sometido. Y
habida cuenta de que tal decisión se da luego de una par-
ticular sucesión de actos que denominamos proceso, lo propio
y más significativo de la acción es su carácter promotivo del
proceso.
De ahí entonces que en un orden lógico, luego de habernos
ocupado de la acción corresponde que ahora consideremos aque-
llo que la misma pone en movimiento y funcionamiento, esto es,
el proceso, que de modo somero podemos entender como el con-
junto de averiguaciones y discusiones dirigidos a la aplicación de
la norma sustantiva general a la situación singular realmente
acontecida.
Al mismo tiempo, cabe recordar que ya se ha estudiado
JORGE E. VÁZQUEZ ROSSI
la incidencia que la potestad de acción tiene sobre la confi-
guración procesal. La titularidad de su ejercicio, es decir, el
órgano y/o sujeto legitimado para abrir y mantener la ins-
tancia, determina, al igual que sus facultades y funciones,
el tipo de procedimiento. Al respecto, conviene tener en cuenta
todo lo ya tratado en orden a los sistemas procesales (supra,
t. I, Cap. V), lo que permite advertir sin esfuerzo la incidencia
de la cuestión. En tal sentido, cabe señalar que sólo ampliando
con exceso de flexibilidad el concepto de proceso se puede
llevar a ubicar dentro del mismo fenómenos tan disímiles
como las configuraciones acusatoria e inquisitiva que, en ver-
dad, muy pocos rasgos comunes mantienen, al no ser el si-
milar de concluir en una decisión. En este aspecto cabría
atribuir razón a quienes sostienen que, de modo estricto, el
único fenómeno que se ubica dentro del concepto de proceso,
como relación dialéctica de dos ante un tercero imparcial, es
el acusatorio.
Pero señalado lo anterior, es indudable que en la realidad
histórica contemporánea, por no hablar de las raíces inqui-
sitivas que todavía perduran con una fuerza y obstinación
mayor que la deseable, el proceso penal -que por común dista
de responder a las pulcritudes teóricas de la respectiva cons-
trucción- presenta rasgos ambiguos, principalmente deriva-
dos de la preponderancia investigativa y de la necesidad de
una etapa preparatoria del juicio propiamente dicho, lo que
en definitiva no es sino consecuencia del carácter público y
oficial de la acción penal que, a su vez, deriva de la potestad
punitiva como emanación de la soberanía estatal.
De tal modo, el proceso penal del que hablaremos es el
que aparece como consecuencia de la acción penal pública y
que, tal cual es regulado en la mayoría de los digestos, res-
ponde en lo fundamental al esquema que se conoce como
sistema mixto.
DERECHO PROCESAL PENAL
2. Consideraciones generales. Proceso y procedimientos
Todo lo considerado en el tomo anterior y lo que poste-
riormente desarrollaremos gira, en definitiva, en torno de la
idea de implementación del proceso. Al mismo tiempo, puede
afirmarse que este fenómeno constituye el objeto central y
preponderante de la materia que conocemos como Derecho
Procesal.
Pero, ¿de qué hablamos al hacerlo del proceso penal? ¿A
qué se refiere, dentro del contexto jurídico, la expresión "pro-
ceso"? ¿Cuál es la distinción entre "proceso" y "procedimien-
tos"? ¿Estamos refiriendo la expresión a una realidad per-
ceptible de funcionamiento institucional, a una regulación
normativa concreta o a una categoría conceptual?
El interrogante parecería en principio ocioso, toda vez que
es notoria la amplia bibliografía sobre el tema. Pero, preci-
samente, es lo atinente a tan vasta producción lo que ha
generado una indudable confusión, que exige la delimitación
que se propone, ya que muchas veces ocurre que se toman
en cuenta perspectivas de abordaje que mezclan, sin aclarar
debidamente, los diferentes niveles de análisis. Y como bien
se sabe, el primer requisito de una búsqueda cognoscitiva
que se pretenda científica es el "determinar el exacto sentido
de nuestra pregunta"1.
En la realidad social nos encontramos con determinadas
instituciones (tribunales) y con ciertas personas (jueces, fis-
cales, abogados) que operan de modo específico, realizando
en ciertos sitios actos dirigidos a averiguar y discutir si a
algunos individuos, sindicados como autores de infracciones
a la ley penal vigente, se los declara culpables y se manda
aplicarles una sanción de diversa gravedad. Ese conjunto de
actos, que aparecen desde el punto de vista fáctico como apre-
1 BUNGE, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Sudamericana, Huenos
Aires, 1995, p. Ti.
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samientos, citaciones, notificaciones, audiencias, diligencias
probatorias, etcétera, y que a veces se concretan en registros
y otras se realizan oralmente, todo con determinadas forma-
lidades, se encuentra regulado por disposiciones preceptivas,
por lo común organizadas con relativa coherencia, a las que
se ajustan más o menos fielmente los protagonistas.
El análisis de este conjunto de operaciones puede y debe
realizarse desde un punto de vista realista que, por definición,
se centra en lo qvie es y, por ende, exige la consideración
empírica de esos modos de actuación.
Pero es evidente que tales comportamientos, con mayor
o menor fidelidad, responden a prescripciones específicas que
establecen pautas de comportamiento que dan sentido a los
actos que ejecutan los sujetos que operan el sistema actuando
dentro del mismo y ejecutando —a la manera de un drama—
sus respectivos papeles.
Si enfocarnos globalmente esa actividad regulada, veremos
que responde a una secuencia prefijada, donde primero se
hacen algunas cosas y luego otras, para arribarse finalmente
a una decisión, todo lo cual se encuentra respaldado por ma-
nifestaciones de poder, a veces de expresión coactiva.
De tal modo, podemos tener en claro que hay una realidad
perceptible y que la misma se encuentra estructurada me-
diante disposiciones normativas.
A tal realidad, entendida de un modo general y que acen-
túa los aspectos de desarrollo secuencial que conducen gra-
dualmente al pronunciamiento final, la denominamos como
"proceso", pudiendo proponer la caracterización inicial de que
es el método vigente para determinar la aplicación de dispo-
siciones sustantivas a los casos e individuos concretos. Y si
dirigimos nuestro estudio hacia ese diseño normativo, nos
encontraremos dentro de la particular zona de conocimiento
que es lo jurídico y que ya hemos definido al hablar de lo
que se entiende como Derecho Procesal.
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De igual modo, habida cuenta de que resulta obvio que
cuando estudiamos el Derecho Procesal Penal de lo que en
definitiva tratamos es del proceso penal (lo que surge clara-
mente de los trabajos sobre la materia, incluso de los títulos
empleados), resulta imprescindible aclarar una noción que
aparece como fundamental en orden a la acotación de la zona
de reflexión.
Recorriendo las diferentes obras podemos advertir que se
habla alternativa o indistintamente de un concepto, de una
estructura normativa, de una descripción de determinados
mecanismos de actuación, de una realidad institucional o de
un ente abstracto, definible por características de necesaríe-
dad lógica.
Puede sintetizarse esa diversidad en la distinción derivada
del uso de los términos "proceso" y "procedimientos", que a
pesar de su aparente similitud y, en ocasiones frecuentes, de
su utilización sinónima, responden a muy diversas perspec-
tivas de abordaje de la cuestión.
El término "proceso" aparece en gran medida ligado a los
esfuerzos desplegados por construir una teoría abarcativa de
todas las manifestaciones de índole realizativa lo que, preci-
samente, se conoce como "teoría del proceso", en la que las
notas definitorias serían el énfasis en el carácter autónomo
y específico de la regulación normativa y de los estudios al
respecto.
Puede pensarse que esa teoría surgió, como acontece en
diversos órdenes del conocimiento, de una generalización de
los datos empíricos dados por la observación de los mecanis-
mos existentes en la realidad social para dirimir conflictos
entre particulares, avanzándose gradualmente hacia la for-
mulación de categorías abstractas que se postulaban como
lógicamente necesarias y umversalmente aplicables.
En cambio, pareciera que la utilización de la palabra "pro-
cedimiento" aludiera a modos de actuación, a las maneras
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JORGE E. VÁZQUEZ ROSSI
de desarrollo que se disciplinan para arribar a la decisión,
con subordinación a las prescripciones particulares de cada
ordenamiento.
En el sentido apuntado, el término proceso implica una
conceptualización, una categoría abstracta2, mientras que
procedimiento apunta hacia los mecanismos rituales, hacia
las maneras de actuación establecidas para las diversas si-
tuaciones previstas. Esta es la idea que expone Clariá Olmedo,
para quien la noción de proceso aparece como de índole teó-
rica, de carácter sistemático, mientras que la de procedimien-
to presenta contenidos mayormente prácticos, pudiendo en-
tendérsela como sinónimo de rito, trámite o modos prescriptos
de actuación3.
Con estos elementos estamos ya en condiciones de pro-
poner que la primera de las palabras indica la generalidad
del fenómeno que conduce a la aplicación del Derecho sus-
tantivo al caso concreto, el que se conforma con diferentes
modos de actuación o procedimientos particulares, tales
como el correspondiente a la investigación preparatoria, la
etapa intermedia, el juicio, los recursos, etcétera, cada uno
de los cuales se concreta como modo de actuación para los
fines específicos de los mismos que, a su vez, corresponden
al fin general del proceso.
3. El concepto de proceso
Lo antedicho se comprende mejor si reparamos en que
ese peculiar fenómeno jurídico que se denomina proceso im-
plica postulaciones, acreditaciones, alegaciones y decisiones.
1 CLARIA OLMEDO, Jorge A., Derecho Procesal, Depalma, Buenos Aires, 1982.
En t. I, p. 126, se lee: "...el proceso judicial se nos presenta técnicamente como una
abstracción de la ley. Esta prevé hipótesis de conductas que integran una sucesión de
actividades que deben o pueden cumplirse conforme a un orden metódico y en per-
secución de un resultado, estableciendo las condiciones, formas y modos necesarios
para su eficacia y las consecuencias de su inobservancia".
3 CLARIA OLMEDO, Tratado... cit., t. I, p. 386.
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Esto puede entenderse como una caracterización general apli-
cable con prescindencia de la materia sustantiva de que se
trate y de las diferentes regulaciones particulares que disci-
plinen la cuestión. En este aspecto, no puede discutirse que
la dirección seguida por los estudios que han abogado por la
construcción de una teoría general del proceso han efectuado
aportes relevantes, destacando la idea de dinamismo inhe-
rente al término e, igualmente, desentrañado nociones gené-
ricas que hacen a toda configuración realizativa.
En este sentido, es un dato de realidad (acentuado por el
mismo sentido etimológico de la palabra) que lo propio de lo
procesal se encuentra en el hecho de un suceder, de un acon-
tecer, de un desenvolvimiento o secuencia que, desde un inicio,
recorre pasos prefigurados hasta arribar a una resolución
conclusiva4 que pone fin a la serie, entendiendo por tal "el
conjunto de elementos relacionados entre sí y que se suceden
unos a otros"5. Pero tal sucesión no se efectúa de un modo
arbitrario, sino que, por el contrario, responde a pautas de-
terminadas y a un orden establecido, dentro del cual cada
momento tiene un lugar y relaciones fijas con los restantes
elementos. Por eso podemos hablar de una secuencia dentro
de una estructura, idea que encuentra corroboración empírica
sencilla mediante la simple operación de considerar cualquier
digesto procesal y advertir que el conjunto de sus disposiciones
disciplinan las diversas alternativas previstas para los modos
de actuación, los que, a su vez, al funcionar en la realidad,
concretan el suceder de los diversos momentos prefijados. De
ahí entonces que, como en su momento lo vio Oderigo, cabe
diferenciar un enfoque estático del proceso y otro dinámico o
secuencial del mismo fenómeno6. Pero ambas perspectivas
confluyen en torno a una peculiaridad relevante que es la de
4 La idea expuesta ha sido especialmente destacada por Briseño Sierra.
5 ALVARADO VELLOSO, ob. cit., p. 234.
6 ODERIGO, Mario, Derecho Procesal Penal.
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