Table Of ContentDPLF FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés)
es una organización no gubernamental sin fi nes de lucro, con sede en
Washington, D.C., que promueve la reforma y la modernización de
los sistemas nacionales de justicia en el hemisferio occidental. DPLF
fue fundada en 1998 por el profesor Thomas Buergenthal, actual juez
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de la Corte Internacional de Justicia, y sus colegas de la Comisión n
t Controles y descontroles
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de la Verdad para El Salvador. El trabajo de DPLF se divide en tres o
le
programas: a) Acceso igualitario a la justicia, b) Rendición de cuentas s
y de la corrupción judicial
y transparencia judicial y c) Justicia Internacional. d
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El área de rendición de cuentas y transparencia judicial busca fortalecer n Evaluación de la corrupción judicial y de los mecanismos
t
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la independencia de los sistemas de justicia. Su trabajo aborda temas ole para combatirla en Centroamérica y Panamá
como la transparencia y el acceso a la información en el sector justicia, s
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el combate a la corrupción judicial, designación, evaluación y remoción
la
de jueces, mecanismos internos de control institucional y monitoreo c
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por parte de la sociedad civil. rr
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1779 Massachusetts Ave., NW, Suite 510A n
Washington, D.C. 20036 ju
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T: 202-462-7701 | F: 202-462-7703 ia
l
[email protected] | www.dplf.org
Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de:
Fundación Open Society Institute
CONTROLES Y DESCONTROLES
DE LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
Evaluación de la corrupción judicial
y de los mecanismos para combatirla
en Centroamérica y Panamá
© 2007 Fundación para el Debido Proceso Legal
Todos los derechos reservados
Impreso en los Estados Unidos de América
Publicado por la Fundación para el Debido Proceso Legal
Washington, DC 20036
www.dplf.org
Edición: María Clara Galvis Patiño
Diseño gráfico: Miki Fernández y Patrick Van Steenberge, ULTRAdesigns.com
Esta publicación fue posible gracias a la Fundación Open Society Institute. Las opiniones, conclusiones y
recomendaciones contenidas en esta publicación corresponden a sus autores y no necesariamente reflejan las de
Open Society Institute.
CONTENIDO
Primera Parte
Introducción ............................................................................................................... 7
Técnicas de investigación sugeridas por DPLF para el estudio sobre la corrupción
judicial en Centroamérica y Panamá ........................................................................... 11
Segunda Parte
Resumen ejecutivo ...................................................................................................... 21
Informe comparativo regional ..................................................................................... 27
Tercera Parte – Informes nacionales
Costa Rica .................................................................................................................. 81
El Salvador ................................................................................................................. 153
Guatemala .................................................................................................................. 201
Honduras .................................................................................................................... 271
Nicaragua .................................................................................................................... 339
Panamá ....................................................................................................................... 375
Sobre la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) ........................................ 451
Anexo I: Instrumento de recolección de información .................................................. 453
Anexo II: Guía para la redacción de los informes nacionales ...................................... 459
Primera Parte
Primera Parte
INTRODUCCIÓN
Este libro es el producto final de un proyecto que se inició en el año 2005 gracias al apoyo
financiero de la Fundación Open Society Institute y cuyo objetivo fundamental fue
evaluar el fenómeno de la corrupción judicial en Centroamérica y Panamá, así como el
impacto que han tenido las medidas implementadas en esos países para combatirla.
El proyecto fue originalmente concebido y diseñado por Margaret Popkin, Directora Ejecutiva
de DPLF hasta mayo de 2004, quien siguió muy de cerca los procesos de reforma judicial
implementados en esa región, donde los programas de lucha contra la corrupción en las
instituciones gubernamentales tuvieron un papel importante. Justamente, la motivación inicial de
llevar a cabo este proyecto surgió de la necesidad de evaluar los resultados que dichos programas
habían tenido en los sistemas de justicia, campo poco abordado por estos programas.
Conscientes del debate que existe alrededor del concepto de corrupción, y en particular, acerca
del concepto de corrupción judicial, la investigación decidió utilizar una definición operativa de
actos de corrupción judicial, entendiendo éstos como aquellos actos en los cuales la conducta
de un juez o empleado judicial vulnera el principio de imparcialidad en un proceso judicial, con
mira a la obtención de un beneficio indebido e ilegal para sí mismo o para un tercero.
Este beneficio puede ser tanto material o financiero como inmaterial y, en ese sentido, son
manifestaciones de corrupción judicial la acción del funcionario judicial que recibe dinero para
agilizar un trámite, la del que pierde el expediente por un precio, como la actuación del juez que
no toma en cuenta evidencia con el afán de justificar la absolución de un inculpado de alto perfil
político o poder económico.
La democratización de los regímenes políticos en Centroamérica no ha significado per se la
consolidación del Estado de derecho en toda la región. Los sistemas judiciales de Centroamérica
han logrado mejoras importantes en sus marcos legales, infraestructura y presupuesto, pero
en su mayoría continúan sujetos a la interferencia de otros poderes del estado y actores de la
sociedad. Esta realidad se ve reflejada en los resultados de nuestra investigación, que señalan
como principales manifestaciones de la corrupción al interior de los sistemas de justicia no sólo
el soborno sino la interferencia política en las decisiones judiciales.
De acuerdo con la información relevada en los informes nacionales, el soborno se manifiesta
principalmente a través de pagos indebidos para la emisión de órdenes de libertad, el otorgamiento
de medidas sustitutivas, la modificación de la tipificación de los delitos, el dictado de medidas
cautelares, el manejo de las notificaciones en perjuicio o beneficio de alguna de las partes, la
aceleración de los trámites, así como por la venta de proyectos de resoluciones, o para recibir
privilegios carcelarios, entre otras razones. En algunos de los países estudiados, estas conductas
son una manera sistemática de operar de ciertos juzgadores y auxiliares de justicia.
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PRIMERA PARTE
Por otro lado, todos los informes nacionales mencionan el rol de los abogados como agentes
corruptores de la judicatura. De acuerdo con las entrevistas realizadas, se ha podido comprobar
que muchos abogados «ofrecen agasajos y regalos a los servidores judiciales, con la intención de
que cuando conozcan sus casos, estos se resuelvan conforme a sus pretensiones». Asimismo, se
procuran ganancias adicionales exigiendo a sus clientes sumas de dinero que supuestamente serán
compartidas con el juez (o fiscal), lo que incide en la imagen negativa del sistema de justicia.
Muchas de estas prácticas corruptas -que según todos los indicios son frecuentes en muchos
de los tribunales centroamericanos- tienen directa relación con las deficiencias estructurales de
la organización o funcionamiento del aparato jurisdiccional. En este marco, ocupa un sitio de
privilegio el problema de las dilaciones procesales o mora judicial. La lentitud en los procesos
constituye un incentivo para la aparición de prácticas extorsivas o para el ofrecimiento de
sobornos como mecanismos para acceder a información del expediente o acelerar los trámites.
Los protagonistas de estas actuaciones muchas veces son los funcionarios auxiliares o personal
administrativo de los órganos judiciales.
Cabe resaltar que durante los últimos años se han realizado importantes esfuerzos en
Centroamérica para reformar los sistemas de administración de justicia y hacerlos más fuertes,
independientes, eficientes y accesibles. Lamentablemente, estos esfuerzos deben enfrentarse,
en no pocos casos, a un legado autoritario en el que la influencia del poder ejecutivo en las
actuaciones de los otros poderes y el impacto de las fuerzas políticas ha sido una práctica
constante que resulta imposible modificar de un día para otro.
Un Poder Judicial independiente implica la ausencia de presiones o influencias externas que a la
hora de juzgar introduzcan elementos adicionales a los méritos del caso. Aunque es difícil medir
el nivel de independencia de un Poder Judicial, es posible identificar la existencia de garantías
para evitar las injerencias de otros poderes del estado o de particulares sobre el Poder Judicial. La
existencia de un mayor o menor número de estos mecanismos para la prevención de la corrupción
puede darnos un indicativo del nivel de independencia del Poder Judicial evaluado. Según la
información recabada en los informes nacionales, parece ser que en la mayor parte de países
centroamericanos, resulta necesario y urgente promover la introducción de este tipo de medidas.
La presente investigación pretende ser un aporte en ese sentido. Además del análisis, evaluación
y conclusiones a las que se llega, nos interesa que las propuestas que aquí se dan sean tomadas en
cuenta y sirvan para iniciar procesos de cambio y mejora en los poderes judiciales de la región.
En la primera fase de la investigación, el equipo de DPLF efectuó viajes de contacto y exploración
a cada uno de los países comprendidos en el proyecto, y llevó a cabo una serie de entrevistas
con autoridades, expertos y operadores del sistema de justicia, al tiempo que procuraba allanar
eventuales dificultades para el acceso a las fuentes de información oficiales.
En una segunda etapa, además de definir, precisar y detallar el marco de la investigación y
los instrumentos metodológicos, el equipo de DPLF seleccionó a los consultores nacionales,
quienes fueron convocados a un taller de coordinación con la finalidad de establecer las bases
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INTRODUCIIÓN
conceptuales y pautas metodológicas comunes para realizar los estudios en cada país. Esta
reunión tuvo lugar en San Salvador, El Salvador, del 3 al 5 de julio del 2006.
Con las observaciones formuladas en el taller de San Salvador, el equipo de DPLF se concentró
en la elaboración del documento definitivo para la recolección de la información en cada país y
la guía para la elaboración de los informes nacionales (incluidos como anexos). Luego de ello,
se inició la tercera fase, que consistió en una prueba piloto de aplicación del instrumento, lo que
permitió hacer nuevos ajustes con base en consideraciones locales. Tras completar el acopio de
datos y efectuar el análisis, los consultores redactaron informes preliminares. Cada reporte fue
objeto de comentarios y sugerencias por parte de DPLF y, con ellos, los expertos nacionales
elaboraron informes definitivos. Por último, con base en los hallazgos expuestos en los informes
nacionales, se redactó el informe comparativo regional.
Debido a la naturaleza de nuestro objeto de estudio, las fuentes de información consultadas
para la preparación de los informes nacionales fueron diversas. No sólo se estudió la legislación
vigente en cada país, sino que además se hizo una revisión de expedientes disciplinarios
abiertos por presunta corrupción de jueces y personal judicial administrativo. Asimismo, se
sostuvieron entrevistas a profundidad con informantes calificados que, de alguna manera,
estaban vinculados a la actividad de los tribunales de justicia (jueces, auxiliares jurisdiccionales,
miembros del Ministerio Público, abogados litigantes, profesores de Derecho y estudiantes,
periodistas especializados, analistas políticos, entre otros). Igualmente, se consultaron sondeos
y encuestas de opinión sobre la problemática de la corrupción general o judicial, a la vez que se
efectuó una revisión sistemática del tratamiento dado a la materia por la prensa escrita entre los
años 2002 y 2006 (el mismo lapso considerado para el estudio de expedientes disciplinarios).
Esta combinacion de fuentes permite una mayor fiabilidad de los resultados, si bien éstos deben
ser situados en una dimensión cualitativa.
La primera parte de los informes nacionales aborda el fenómeno de la corrupción judicial,
haciendo una comparación entre la percepción que existe sobre este fenómeno en el país en
cuestión, con la realidad que se encontró a partir del procesamiento de la informacion recabada.
La segunda parte de los informes realiza un análisis detallado de los órganos de control de la
corrupción judicial, comprendiendo aqui tanto a los órganos que forman parte del propio sistema
judicial, como a los que se encuentran fuera. Cada informe incluye una serie de conclusiones
y recomendaciones. El informe comparativo parte de los insumos proporcionados por los
informes nacionales para hacer un balance y comparación acerca del fenómeno de la corrupción
judicial en la región. Este informe incluye tambien una serie de recomendaciones para combatir
directamente la corrupcion judicial pero tambien para prevenirla.
Como se mencionó al inicio de la introducción, los programas de combate a la corrupcion
en Latinoamérica se han venido focalizado en los poderes ejecutivo y legislativo, dejando a
los poderes judiciales muchas veces fuera de esta corriente mundial de rendición de cuentas y
transparencia al interior de las instituciones estatales. Al dirigir la atención hacia la actuación de
los poderes judiciales en el marco de estas obligaciones, esta publicación quiere ser un aporte
en ese sentido.
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