Como Hacer Funcionar Nuestra Democracia

334 Pages·7.76 MB·Spanish

by  Breyer Stephen

Stephen Breyer
Cómo hacer funcionar
nuestra democracia
El punto de vista de un juez
Sección de Obras de Política y Derecho
CÓMO HACER FUNCIONAR NUESTRA
DEMOCRACIA
STEPHEN BREYER
Cómo hacer funcionar
nuestra democracia
EL PUNTO DE VISTA DE UN JUEZ
Traducción
Alfredo Gutiérrez O rtiz M ena
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en inglés, 2010
Primera edición en español, 2017
Breyer, Stephen
Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El punto de vista de un juez / Stephen
Breyer ; pról. y trad. de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. — México : FCE, 2017
339 p. ; 21 x 14 cm — (Colee. Política y Derecho)
Título original: Making our Democracy Work: A Judge's View
ISBN 978-607-16-5388-8
1. Suprema Corte — Estados Unidos de Norteamérica — Historia 2. Suprema
Corte — Estados Unidos de Norteamérica — Legitimidad democrática 3. Sepa­
ración de poderes — Estados Unidos de Norteamérica 4. Libertades individuales
— Estados Unidos de Norteamérica 5. Seguridad nacional — Estados Unidos de
Norteamérica 6. Estados Unidos de Norteamérica — Política y gobierno — Siglo
XXII. Gutiérrez Ortiz Mena, Alfredo, pról. II. Ser. III. t.
LC KF4575 Dewey 347.731 B258c
Distribución mundial
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
Imagen de portada: iSotck/tridland
Título original: Making our Democracy Work:
A Judge's View, de Stephen Breyer
D. R. © 2010, Stephen Breyer
Esta traducción se publica por acuerdo con Alfred A. Knopf,
un sello de The Knopf Doubleday Group, una división
de Random House, LLC.
D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
www.fondodeculturaeconomica.com
Comentarios: [email protected]
Tel. [phone]
ISBN 978-607-16-5388-8
Impreso en México • Printed in México
SUMARIO
Prólogo........................................................................................ 11
Nota del autor.......................................................................... 29
Introducción.......................................................................... 31
Primera parte
La confianza de la gente
I. Control constitucional: la anomalía democrática . 39
II. Instaurar el control constitucional:
Marbury v. Madison..................................................... 51
III. Los cherokees............................................................ 64
IV. Dred Scott..................................................................... 77
V. Little Rock..................................................................... 99
VI. Un ejemplo actual........................................................125
Segunda parte
Decisiones que funcionan
VII. El enfoque básico........................................................135
VIII. El Congreso, las leyes y su propósito.....................151
IX. Poder Ejecutivo, actos administrativos
y experiencia comparativa.......................................173
X. Los estados y el federalismo: descentralización
y subsidiariedad.........................................................191
XI. Otros tribunales federales: la especialización . . . 212
XII. Decisiones judiciales del pasado: la estabilidad . . 227
Tercera parte
La protección de los individuos
XIII. Libertad individual: principios constitucionales
permanentes y proporcionalidad...............................239
7
8 SUMARIO
XIV. El presidente, la seguridad nacional y la rendición
de cuentas: el caso Korematsu...................................255
XV. Las facultades presidenciales: Guantánamo
y la rendición de cuentas............................................283
Conclusión...............................................................................309
Apéndice A. Imágenes.............................................................317
Apéndice B. Antecedente: la Corte........................................327
Agradecimientos......................................................................335
Indice........................................................................................337
Para mis nietos:
Clara, Ansel,
Eli, Samuel
y Angela
PRÓLOGO
¿Qué tendría que decirle un ministro de la Suprema Corte de
Estados Unidos a la comunidad jurídica o al público no espe­
cializado mexicano? Creo que esa interrogante —además de
responderse en un diálogo entre el autor y el lector en el que
se van reconociendo las coincidencias y pertinencias de los
análisis propuestos en el ámbito del interés y la pasión indivi­
duales— se resuelve a partir de una consideración fundamen­
tal: los diseños institucionales de los regímenes constituciona­
les de derecho no difieren sustantivamente los unos de los
otros. Esencialmente, la democracia constitucional descansa
en tres pilares fundamentales. En primer lugar, una división
operativa y funcional de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, cuya relación se establece en un complejo entramado
de atribuciones específicas; deferencias a los mandatos y exper­
ticia distintivas, y una concepción independiente que permite
que unos actúen como contrapesos de los otros. En segundo
lugar, en el respeto, la protección y la garantía de los derechos
humanos de las personas sujetas a la jurisdicción de determi­
nado Estado. En tercer lugar, en una Constitución que distri­
buye esas competencias y que enumera esos derechos, y cuya
vigencia es defendida a capa y espada por un tribunal consti­
tucional que la concibe como una norma jurídica y no como
un pacto político.
Además, los dilemas democráticos y protectores de dere­
chos humanos que cualquier tribunal constitucional del mundo
enfrenta son indiscutiblemente parecidos y presentan —aun­
que acotados por especificidades históricas y culturales— es­
cenarios fácticos similares y marcos de resolución construidos
a partir de un pensamiento jurídico cada vez más compartido
y en constante evolución. Por ejemplo, los temas relacionados
con la protección de los derechos sociales y la globalización, o
la justicia de género y las resistencias culturales y religiosas.
Luego, nuestra práctica de control constitucional puede
indudablemente nutrirse de la experiencia acumulada por un
11
12 PRÓLOGO
país con un diseño institucional similar. En efecto, México cuen­
ta con un sistema jurídico que lo inserta en la familia de los
Estados constitucionales democráticos. En principio, el mode­
lo mexicano presenta los elementos básicos de una democracia
liberal como la estadunidense —un listado de derechos funda­
mentales, el principio de división de poderes y una forma de
gobierno republicana con la separación entre la Iglesia y el
Estado—, aunque también recoge los elementos más destaca­
dos de las democracias sociales, lo que la aleja del sistema esta­
dunidense. De hecho, la Constitución mexicana fue la primera
en el mundo en reconocer un listado de derechos sociales.1
La Constitución mexicana tiene más de 100 años de vigen­
cia. Fue aprobada en 1917, después de un movimiento revolu­
cionario con un fuerte sentido social. Ese sentimiento de rei­
vindicación social se trasladó a este acuerdo fundacional de la
nación mexicana y supuso la incorporación de una serie de
preocupaciones sociales a su conjunto de valores éticos míni­
mos. En contraste con el constitucionalismo estadunidense, en
los inicios de nuestro constitucionalismo revolucionario, los
constituyentes originarios llegaron al consenso de que uno de
los principales propósitos del texto constitucional sería pre­
sentar un listado de derechos sociales, reclamables al Estado,
en materia laboral, agraria y educativa. Estos derechos adqui­
rieron la forma de prestaciones con cargo al erario y su inten­
ción última era nivelar las condiciones de los grupos más des­
favorecidos por la industrialización del país. Por ello, y de
manera consecuente, se determinó consagrar en la Constitu­
ción facultades de rectoría económica del Estado, llamadas a
propiciar condiciones de desarrollo nacional equitativas. La
Constitución estadunidense, por su parte, no prevé derechos
sociales ni tampoco contempla un papel de rectoría económi­
ca para el Estado. Es así mucho más cercana a nuestra gran
Constitución liberal: la de 1857.
1 La innovación de los derechos sociales en la Constitución de 1917 llevó a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir en los primeros años de su
vigencia (en la identificada Quinta Epoca) una importante doctrina jurispru­
dencial que dotó de contenido jurídico a esos derechos; cabe mencionar crite­
rios en materia de derecho de huelga, derecho al trabajo, salario mínimo, de­
rechos laborales, derechos ejidales y agrarios, derecho a la educación, entre
otros.
PRÓLOGO 13
No obstante, la Constitución de 1917 reiteró en su núcleo
las propiedades de la Constitución de 1857, diseñada y apro­
bada por la generación política más liberal e ilustrada de la
historia de México. Esa generación tomó como modelo de ins­
piración la Constitución estadunidense, aprobada en 1787 en
Filadelfia. La actual Constitución mexicana conserva un listado
de derechos civiles, muy similares a los consagrados en las pri­
meras 10 enmiendas de la Constitución estadunidense; además
prevé una clara separación entre la Iglesia y el Estado, un mo­
delo de división de poderes, un sistema presidencialista, un sis­
tema federal, con un gobierno federal de poderes limitados, un
poder legislativo bicameral y estados con poderes residuales,
respecto de los de la federación, unidos en un pacto federal.
Aunque estos rasgos otorgan similitud a los dos modelos
de México y Estados Unidos de Norteamérica, no es ahí donde
radica la similar posición de sus cortes supremas, sino, más
bien, en la consolidación de una práctica institucional especí­
fica: el control constitucional de las leyes y actos de los otros
poderes públicos. Facultad que —como el ministro Breyer tra­
ta de argumentar en este libro— es crucial (tanto en el sentido
de fundamental como de instrumental) para la vigencia y pre­
servación de la democracia como un régimen de división de
poderes, sujeto a la voluntad popular y garante de los derechos
de las personas.
Ciertamente, no puede concluirse que el proceso de con­
solidación de esa práctica institucional se desenvuelve en mo­
mentos y con estrategias idénticas en ambos países. Estados
Unidos tiene un modelo constitucional con más de 200 años
de operación, en el cual las facultades y atribuciones de los
jueces para controlar la constitucionalidad de las leyes se han
aceptado desde la resolución de la sentencia de la Suprema
Corte en el caso Marbury v. Madison en 1803, presentado y dis­
cutido en este libro. En ese caso seminal, la Suprema Corte de
los Estados Unidos resolvió que una ley que le otorgaba com­
petencias mayores a las que le reservaba explícitamente la
Constitución era inconstitucional y no debía aplicarse. Dado
que las facultades de control constitucional de la Suprema
Corte de los Estados Unidos fueron afirmadas pretorianamen-
te, los ministros de ese país tuvieron que justificar sus poderes
de intervención en la política a la luz del modelo democrático.