Antología de textos forales del Antiguo Reino de Galicia

87 Pages·2005·0.31 MB·Spanish

Antología de textos forales del Antiguo Reino
de Galicia (siglos XII-XIV)*
Anthology of Texts Relative to the "Fueros"
at the Ancient Kingdom of Galicia
(12th to 14th Centuries)
Faustino MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Profesor Ayudante de Facultad
Departamento de Historia del Derecho. Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
[email protected]
Recibido: 7 de enero de 2003
Aceptado: 22 de enero de 2003
N Se publican aquí diferentes textos forales correspondientes a lo que fue terri- PALABRAS CLAVE
E torialmente el antiguo Reino de Galicia; la necesidad de recopilar estas fuentes
M
U ha venido dada por la enorme dispersión de los lugares donde primero habían Galicia
S sido editadas; se acompaña de un breve estudio introductorio. fueros municipales
E Edad Media
R
Several texts related to the "fueros" and territorially related with the Old KEYWORDS
T
C Kingdom of Galicia, are published here; the need to gather these sources is due
RA to the enormous dispersion of the places where they were published for the Galicia
T first time; the anthology comes with a brief introductory review. Municipal “Fueros“
S Middle Age
B
A
É On publie ici des différents textes relatifs aux " fueros " qui correspondent à ce MOTS CLÉ
M qui a été territorialement l'ancien Royaume de Galice. Le besoin de compiler
U ces sources a été amené par l'énorme dispersion des lieux où elles avaient été Galice
S "fueros" municipales
É éditées. L'étude s'accompagne d'un bref étude introductoire.
R Moyen Age
*
El presente trabajo se ha realizado en el seno de un proyecto de trabajo sobre la Historia del Derecho en
Galicia, auspiciado por la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, gracias a una bolsa de investigación
concedida por Resolución de la Presidencia, nº 10.672, de 5 de julio de 2002.
Desde aquí quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la mencionada institución.
El estudio introductorio ha sido presentado como relatorio en el VII Congreso Internacional de
Estudios Galegos, organizado por la Asociación Internacional de Estudios Galegos, celebrado en
Barcelona los días 28 a 31 de mayo de 2003.
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G In diesem Beitrag werden verschiedene Foraltexte publiziert, deren territoria- SCHLAGWÖRTER
N les Wirkungsgebiet dem ehemaligen Königreich von Galicien entspricht.
U Wegen der enormen Streuung der Orte, an denen sie zuerst ediert worden Galicien
S
Stadtrechte
S waren, war die Zusammenstellung dieser Quellen vonnöten. Das Ganze wird
A Mittelalter
F von einer kurzen einleitenden Studie abgeschlossen.
Z
R
U
K
SUMARIO: A. A modo de Introducción. B. Antología.
A. A modo de introducción
La Historia del Derecho en Galicia está todavía por hacer. Se debe profundizar, a
partir de los datos proporcionados por las fuentes históricas, en el entramado jurídico
que se dio en la región gallega desde la época prerromana hasta nuestros días, exami-
nando sus diversas fases y las diferentes influencias que se han dado. No debemos
esperar encontrarnos grandes novedades o divergencias respecto a lo que aconteció en
los vecinos reinos de León y Castilla. La Historia nos muestra la dependencia que se
dio desde los tiempos medievales en relación a esos dos territorios, lo cual marcará la
evolución del derecho en el reino galaico y las peculiaridades de sus instituciones, así
como la falta de una personalidad política propia que se traducirá en la ausencia de
aparatos que se convirtiesen en cauces de expresión de la voz del pueblo gallego o de
sus élites. En esta modesta contribución, vamos a ocuparnos de lo que sucedió en los
siglos centrales del Medievo, en la época de esplendor de los fueros. Cómo y por qué
surgieron estos textos forales, y cuáles fueron los más característicos de la región galle-
ga, serán las preguntas a las que trataremos de responder en las siguientes páginas
Dos hechos marcan el devenir histórico-jurídico de Galicia en los primeros siglos
medievales que señalan su incondicional relación con el derecho visigodo, o lo que es
lo mismo, con la tradición del derecho romano-vulgar. Por un lado, la conquista del
reino suevo debida al monarca Leovigildo en el año 585, supuso la asimilación del sis-
tema político, administrativo y jurídico del reino de Toledo que se hallaba en su pleni-
tud y culminación. En consecuencia, se produjo una expansión del modo de vida góti-
co y fue reemplazado sin mayores problemas el derecho suevo, del que nada o muy
poco sabemos1. De todo lo cual se sigue la posibilidad de pensar que Galicia se rigió por
el nuevo derecho visigodo con la variedad de textos que se habían venido aplicando en
1Los mejores estudios sobre el particular hablan de la posible pervivencia de un derecho suevo de corte
consuetudinario, así como de la influencia posterior del derecho visigodo y del derecho romano. De todas
maneras, la investigación, ante la ausencia total de noticias escritas, se sigue moviendo en el terreno de la
hipótesis. Vid. Reinhart, W., Historia general del reino hispánico de los suevos, Madrid, 1952, pp. 118-
126; y Torres, C., Galicia Sueva, La Coruña, 1997, pp. 267-281.
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otras zonas de Hispania y que se encontraban vigentes en ese momento histórico (las
antiguas obras de Eurico y de Alarico, con las modificaciones realizadas por otros reyes
en el período intermedio) y los que se dieron en los momentos sucesivos. Con ello se
creó todo un sustrato determinado en lo jurídico por la continuidad de ese orden
romano de última época, orden vulgarizado, que hallaba su encarnación en los textos
visigodos, de entre los cuales debe destacarse el Liber Iudiciorum, culminación del
proceso de creación normativa de este pueblo, atribuido a su monarca Recesvinto en el
año 654. La previa romanización no fue tan abundante e intensa como en otras áreas
peninsulares en donde se asimiló de manera plena el modo de vida latino2. La con-
quista romana fue tardía y la dominación no tan continuada y férrea. Pero sí se dio
cierta influencia a través de la creación de algunos núcleos urbanos y la presencia de
los ejércitos, con la consiguientes consecuencias de índole cultural que dicho proceso
comportó (le lengua romance surgida en esta región, por poner un solo ejemplo). La
extensión del derecho-romano vulgar visigodo, a la que hemos aludido, obedecerá asi-
mismo a la existencia previa, por tanto, de un componente más o menos intenso de
romanización que organiza el clima cultural para la posterior asimilación de aquellas
construcciones jurídicas de épocas pretéritas3. En este sentido, Galicia, una vez sojuz-
gada por Leovigildo, seguirá la senda del resto de regiones peninsulares sometidas al
poder del reino toledano, sin perjuicio de la existencia de costumbres y prácticas loca-
les que pudieran desvirtuar en buena medida el conjunto de la legislación gótica.
Nuevamente se trae a colación, aunque sea simplemente para reseñarlo aquí, la lucha,
apuntada por Melicher, entre el derecho oficial y el derecho vivido que se dio a lo largo
de todo el período de dominación gótica, es decir, entre un derecho marcadamente
influenciado por el romano-vulgar y aquel otro más apegado a las tradiciones y usos de
los pueblos germánicos.
Sin embargo, este proceso parece interrumpirse con la conquista musulmana des-
arrollada a partir del año 711 y la consecuente creación de un nuevo orden político
mediante la aparición de dos espacios antitéticos desde los puntos de vista político,
religioso y militar. A pesar de todo ello, la interrupción fue más aparente que real, por
el hecho de que el ordenamiento jurídico conservado a lo largo de tanto tiempo por el
pueblo visigodo siguió subsistiendo entre aquellos cristianos que así lo consideraron
oportuno, estuviesen o no sometidos a la dominación muslim. Evidentemente, sí se
2Vid. Alejandre García, J. A., Temas de Historia del Derecho: Derecho primitivo y romanización jurídica,
Sevilla, 1977, pp. 39 y ss.
3Sobre la romanización en Galicia, vid. como referencia general, VV. AA., Galicia Historia. Prehistoria e
Historia Antiga, La Coruña, 1993. Tomo I, pp. 337 y ss.; y González García, F. J. y Brañas Abad, R., Galicia
Romana, en Historia de Galicia, La Coruña, 1995. Tomo II, pp. 220 y ss.
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produjo una ruptura en el orden político y en el social. Pero la desaparición de un ele-
mento constitutivo del nervio cultural de un pueblo, de la esencia misma de una comu-
nidad, como es el caso del derecho, no podía darse de una manera violenta y radical, de
la noche a la mañana. Otra cuestión diferente es que ese derecho visigodo fuese cono-
cido y aplicado en Galicia con anterioridad a la ocupación musulmana, de lo que no
tenemos noticias ciertas y fehacientes por la secular resistencia que los galaicos mani-
festaron ante ese pueblo bárbaro. Como había sucedido en tiempos romanos, hubo
conquista, pero la dominación no fue tan extensa e intensa como se tiende a creer.
El segundo elemento que determina esa adscripción a la tradición goda viene
determinado por la Reconquista. La presencia bereber no se extiende más allá del siglo
VIII y fue ocasional, nunca con ánimo de permanencia4. En el siglo IX, la incorpora-
ción de Galicia al naciente reino astur-leonés provocó la extensión del derecho vivido
en dicha región con una mayor o menor intensidad. La famosa restauración del orden
gótico, atribuida a la iniciativa de Alfonso II, en la iglesia y en palacio, en el campo reli-
gioso y en el secular, supuso la continuidad de la tradición jurídica visigoda, siempre
según el testimonio de la Crónica de Albelda. Dicha tradición aparecía encarnada en
aquel Liber Iudiciorumaprobado por Recesvinto en el año 654 de nuestra era, objeto
de varias correcciones posteriores materializadas en la llamada Vulgata, versión que
gozó de una gran difusión en los primeros siglos de la Reconquista. A partir del siglo
IX, la emigración mozárabe, comunidad donde había cuajado mejor que en ninguna
otra la legislación visigoda y la persistencia de sus soluciones jurídicas, procedente de
Al-Andalus, contribuyó a reforzar la presencia del derecho visigodo en los territorios
cristianos. Los mozárabes llegan al norte peninsular con su prácticas y costumbres
jurídicas, empapadas de la legislación gótica, al mismo tiempo que portan los códices
y libros en donde se contiene dicho derecho.
Si con anterioridad al siglo IX se podía dudar de la aplicación del antiguo orden
visigodo, a partir de ese preciso instante las respuestas han de caminar necesariamen-
te en otra dirección. La antigua aristocracia goda había tomado las riendas del poder y
como resultado de todo ello modeló un sistema de dominación que tenía en conside-
ración el pasado más inmediato, su propio pasado. Las antiguas comunidades gentili-
cias y de aldea dan paso a una estructura social fuertemente jerarquizada, desprovista
de las notas de igualdad con que se adornaban las anteriores. Galicia, apartada desde
pronto de los avatares bélicos de la Reconquista, quedó recluida geográficamente en el
noroeste peninsular, repartida entre los intereses de la poderosa aristocracia laica y
4Vid. Sánchez-Albornoz, C., Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino
de Asturias, Oviedo, 1975, passim.
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una cada vez más floreciente de procedencia eclesiástica (obispos, sedes catedralicias,
monasterios). Ello impregnó su evolución histórica de ciertas notas de tradicionalis-
mo y conservadurismo, de la misma manera que impidió su configuración político-
institucional singular, a diferencia de lo que aconteció con otros territorios peninsu-
lares. Galicia quedó subsumida en el engranaje político y administrativo del reino cas-
tellano-leonés. Ello tuvo consecuencias en el orden normativo pues, como bien seña-
la Gibert, Galicia careció de legislación especial, salvo las manifestaciones del régimen
señorial y municipal que se dieron allí como en las demás regiones de la Península
Ibérica durante todo el período de la Reconquista, esto es, sus propios fueros5.
La continuidad del orden jurídico visigodo, inspirado a su vez en la tradición jurí-
dica romano-vulgar como ya hemos dicho, es perfectamente constatable a través del
examen de los variados códices en donde se copió este texto, pertenecientes y proce-
dentes en su mayor parte de poderosos monasterios y sedes catedralicias, auténticos
depositarios del saber (y del derecho) del momento, a la par que poseedores de ingen-
tes patrimonios con los que hacer frente a todos los costes que la elaboración de un
manuscrito de tanta extensión conllevaba. Precisamente, ese dispendio económico es
uno de los argumentos que se pueden aducir para asegurar la aplicación del derecho
gótico. Se copiaba lo que era necesario puesto que la elaboración de un libro era un
complejo negocio que debía tener sus correspondientes rentabilidades y beneficios
más o menos inmediatos.
Pero no es la única fuente de que nos podemos valer para acreditar la continuidad
del derecho visigodo. Existe otro conjunto de documentos de aplicación del derecho
(ventas, donaciones, foros, pactos, plácitos, prestimonios, testamentos y demás) en
los que se hace constar el conocimiento y la plasmación práctica de las soluciones con-
tenidas en el Liber. Son numerosos los documentos medievales del área galaico-por-
tuguesa, en los que se hacen continuas citas referidas al derecho visigodo, utilizando
las clásicas expresiones “como la ley gótica dice”, “como la ley gótica enseña”, “como
la ley gótica manda”, en las cuales se atisba de una manera tímida la aplicación y, por
ende, la persistencia del antiguo derecho6. Obvia decir que dicha ley gótica es el Liber
5Cfr. Gibert Sánchez de la Vega, R., “El Derecho Civil de Galicia”, en Nuestro Tiempo, 113 (1963), p. 538.
Dedica algunas líneas a los textos forales gallegos en su trabajo “El derecho municipal de León y Castilla”,
en Anuario de Historia del Derecho Español, XXXI (1961), pp. 695-753, donde se enumeran algunos de los
más relevantes.
6Vid. Díaz y Díaz, M. C., “La Lex Visigothorumy sus manuscritos. Un ensayo de reinterpretación”, en
Anuario de Historia del Derecho Español, XLVI (1976), pp. 163-224; y Códices visigóticos en la monar-
quía leonesa, León, 1983, pp. 149-246; Faulhaber, Ch. B., Libros y bibliotecas en la España medieval: una
bibliografía de fuentes impresas, Londres, 1987, pp. 137-144; y Rodiño Caramés, C., “A lex gotica e o liber
iudicum no reino de León”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo XLIV, 109 (1997), pp. 9-52.
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Iudiciorum. Algunos textos forales se refieren asimismo a esta posibilidad. En uno
texto foral como es el de la localidad orensana de Milmanda (finales del siglo XII) se
hace expresa mención a que los habitantes de dicho lugar han de resolver sus disputas
acudiendo “ad iudicialem librum uel ad regem sive ad forum”, es decir, al derecho
visigodo, a la decisión regia o el propio texto foral7. El fuero de Parga, derivado de la
misma familia que el anterior, proclamaba en 1225, una solución idéntica: “Omnes
uicinos de Parrega ubicumque habitauerint siue in alfoz siue foras ad Parregam
ueniant accipere iudicium, et si ad forum uel ad regem uel ad librum iudicialem ire
debuerint, ibi ante alcaldes dent uicarios et nominent uozeros et dent fideiussores si
necse fuerint”8. En un momento posterior (mediados del siglo XIII), Alfonso X el
Sabio se ve obligado a resolver un litigio entre el concejo de Santiago y el arzobispo
compostelano a propósito de una práctica iniciada por los jueces, de origen clerical,
consistente en la aplicación del derecho canónico y del derecho romano, en vez de acu-
dir a las fuentes tradicionales configuradas por el derecho de la ciudad y el antiguo
Liber gótico. Dice así el texto en el que se critica el modo de actuar de los clérigos abo-
gados puesto que “por sus sotellezas et por leyes Romanas, que son contra el liuro de
Leon et contra sus usos et sus custumbres”9, para concluir el monarca señalando que
“ninguno clerigo non touiesse uoz sobre cosa leygal contra lego; et la uoz que touiere
non la tengan por leyes rromanas, nen por decretos nen por decretales, fuera por el
fuero et por el derecho della tierra”10. Estamos en una etapa de crisis que inaugura la
época de esplendor del Derecho Común, esa amalgama actualizada compuesta por los
derechos romano, canónico y lombardo-feudal. Pero a ese nuevo derecho se le opone
el tradicional que, a la luz del texto, viene conformado por el Libro de León, los usos y
las costumbres de la ciudad, en suma, el usus terrae. Las mismas expresiones se reite-
ran en otro momento de la sentencia que reproducimos íntegramente:
“Otrosy, querelaronse os personeros sobredichos del conceyo de santiago, que
los juizes non quieren judgar segund uso et custunbre de su uilla, et judgan por
sus leyes romanas; et pero sobreste agrauamiento appellan pora ante mi, non les
quieren recebir la appellacion.- Resposo maestre Fernando, uuestro personero
sobredicho, et dixo, que non judgan seno como judgaron en tiempo del rey don
Alfonso et del Rey don fernando por fuero de leon et por custunbres derechas et
por razones guisadas et por el libro judgo. De las appellaciones resposo como de
suso es dicho.
7El texto en González, J., Alfonso IX, Madrid, 1944. Tomo II, doc. nº. 126, pp. 180-183.
8El texto en González, J., “Aportación de fueros castellano-leoneses”, en Anuario de Historia del Derecho
Español, XVI (1945), doc. nº. 11, p. 652.
9Cfr. López Ferreiro, A., Fueros municipales de Santiago y de su Tierra. Edición facsímil, Madrid, 1975,
p. 252.
10Cfr. López Ferreiro, A., Fueros municipales de Santiago y de su Tierra, ed. cit., p. 252.
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A esto tengo yo por derecho que judguen por los sus usos et por los custun-
bres que usaron et que ouieron en tenpo del Rey don Alfonso myo auolo et de
myo padre sen leyes de Roma et sen derechos et sen decretales; et ho falieren los
custunbres et los usos, que judguen por lo libro de judgo. Et esto mando yo que
sea assy fasta que yo sapa los usos et los custumbres et mande como sea”11.
Ningún texto medieval expresa tan claramente el orden de prelación de fuentes
como el último inciso: los jueces sentenciaran de acuerdo con las costumbres y los usos
de la ciudad, y, en su defecto, por el “libro de judgo”, esto es, por el Fuero Juzgo, ver-
sión romanceada del antiguo Liber Iudiciorum. Los dos ejemplos reseñados son
muestras claras de la perduración de la antigua tradición jurídica visigoda.
Ahora bien, esta persistencia no significó en ningún momento una inmutabilidad
de esa herencia jurídica. El tiempo transcurrido desde la promulgación del Liberexi-
gía cambios sustanciales en la regulación de las situaciones sociales básicas, de las ins-
tituciones y de sus consecuencias jurídicas, en función de la pléyade de intereses, de
circunstancias y necesidades novedosas que la sociedad cristiana medieval requería.
Las copias existentes podían ser bastante diferentes entre sí, puesto que no se tenía
constancia de la existencia de un texto príncipe o sin correcciones, de un texto más
puro y verosímil que los otros, salvando el caso del que se hallaba en la catedral de León
ante el cual se ventilaba el llamado “Juicio del Libro”12.
Al mismo tiempo, no existían ejemplares suficientes de los textos y la formación de
los prácticos del derecho dejaba mucho que desear. La cultura jurídica se hallaba, por
así decirlo, en un estado embrionario, y más que nada prevalecía la figura del práctico,
más que la del teórico. No existían escuelas de derecho (el mismo derecho no era con-
siderado como una disciplina autónoma) y el saber jurídico se transmitía por vía oral,
con narraciones y casos que los jueces y otros operadores trasladaban a sus suceso-
res13. Algunas partes del Liberhabían acabado por dejar de ser aplicadas por anacró-
11Cfr. López Ferreiro, A., Fueros municipales de Santiago y de su Tierra, ed. cit., p. 256.
12Más que una apelación, el “Juicio del Libro” aparece como un recurso judicial mediante el cual se tra-
taba de verificar la correcta aplicación del derecho por parte de los jueces, es decir, que la ley que los jue-
ces habían aplicado, teniendo a la vista su copia del Liber, coincidía con el texto más prestigioso conser-
vado en la catedral leonesa. Vid. Sánchez-Albornoz, C., “El juicio del Libro en León y un feudo castellano
del siglo XIII”, en Anuario de Historia del Derecho Español, I (1924), pp. 387-390.
13A este respecto, expresaba Francisco Tomás y Valiente que la tradición jurídica culta se interrumpe en
los siglos centrales del Medievo: “Había, sí, sabedores del Derecho, hombres afamados por lo bien que
conocían el Derecho de su comunidad. Pero éstos no eran gentes que lo hubieran estudiado, sino hom-
bres, generalmente de edad avanzada, que lo habían conocido a lo largo de su vida. El Derecho no perte-
necía entonces al mundo de los saberes eruditos, sino al de la experiencia. Se contenía no en libros, no en
códigos legales ni en obras escritas por juristas, sino en unos pocos pergaminos y, sobre todo, en la
memoria de las gentes”, en Tomás y Valiente, F., Manual de Historia del Derecho Español. 4ª edición,
Madrid, 1997, pp. 138-139.
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nicas, esto es, por estar pensadas para una realidad totalmente distinta de la imperan-
te (por ejemplo, las referidas al rey visigodo, a sus oficiales, a la organización político-
administrativa del reino). Otras habían quedado superadas por las nuevas circunstan-
cias sociales, económicas, políticas y militares, exigiéndose por tanto una adaptación a
la realidad circundante. Así sucedía con el derecho criminal, con el procesal o con el
cumplimiento de las obligaciones bélicas que eran campos en los que se demandaban
nuevas soluciones jurídicas por la propia parálisis del derecho visigodo14.
Consecuentemente, fue necesaria una renovación jurídica, esto es, la generación
de normas que supliesen la obsolescencia o antigüedad en la que habían caído algunas
partes de las precedentes. Dado que conforme al sistema de fuentes imperante, el rey
era el único posibilitado para la creación de nuevas reglas, la falta de actuación de aquél
fue sustituida por el impulso creador de los señores en sus respectivos dominios y de
los municipios allá donde existieron y tuvieron protagonismo político y jurídico. De
esa manera, para completar la normativa general visigoda fue apareciendo todo un
catálogo de costumbres, usos, prácticas, decisiones judiciales, privilegios, franquicias,
libertades y demás normativa, que se condensaron finalmente en los llamados fueros,
documentos en los que se recogía, por iniciativa pública o privada, el conjunto de nor-
mas particulares de una determinada localidad, comarca o región15.
14Idea defendida, entre otros, por Martínez Marina, F., Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y
principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, especialmente sobre el Código de las Siete
Partidas de D. Alonso el Sabio. 3ª edición, Madrid, 1845. Libro I, nos. 41-42, pp. 44-52; y Libro V, nos. 1-
2, pp. 139-140; Otero Varela, A., “El Códice López Ferreiro del Liber Iudiciorum”, en Anuario de Historia
del Derecho Español, XXIX (1959), pp. 557-573; e Iglesia Ferreirós, A., “Derecho municipal, derecho seño-
rial, derecho regio”, en Historia, Instituciones, Documentos, 4 (1977), pp. 115-197. A mayores, vid. Cerdá
Ruíz de Funes, J., voz “Fueros Municipales”, en Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, 1960. Tomo X, pp.
395-478; y Gacto Fernández, E., Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval. 2ª edición, Sevilla,
1979. Desde otras perspectivas, vid. D’Abadal, R., “A propos du legs visigothique en Espagne”, en
Settimane di Studio di Spoleto. Tomo V (1958), pp. 541-585 y pp. 677-688; Sánchez-Albornoz, C.,
“Tradición y derecho visigodos en León y Castilla”, en Cuadernos de Historia de España, XXIX-XXX (1959),
pp. 243-265; y García-Gallo, A., “Consideración crítica de los estudios sobre la legislación y la costumbre
visigodas”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXXIV (1974), pp. 343-464.
15 Vid. García-Gallo, A., “Aportación al estudio de los fueros”, en Anuario de Historia del Derecho
Español, XXVI (1956), pp. 381 y ss. El autor nos advierte de que el vocablo “fuero” que hoy manejamos de
forma usual no designa siempre en las fuentes esta clase de documentos, los cuales tampoco pueden agru-
parse bajo esta única denominación por la variedad de modalidades que en la práctica se pueden dar (car-
tas de población, contratos agrarios colectivos, fueros propiamente dichos, privilegios varios, etc.). Aquí
emplearemos un concepto amplio de fuero como todo aquel estatuto jurídico particularizado concedido a
una localidad de forma singular, con independencia de la denominación que se dé en el propio documen-
to original o de la extensión de su contenido, en lo cualitativo o cuantitativo. Fuero equivale a derecho par-
ticular, al ordenamiento jurídico privilegiado y singular: es, por tanto, un concepto referido a la calidad
del derecho, no a su cantidad, y su base puede ser una carta puebla, un privilegio, una franquicia o un fuero
en sentido estricto.
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Al tratarse de una sociedad eminentemente rural, con pocos núcleos urbanos (si es
que podían merecer este calificativo las escasas ciudades existentes), con dificultosas
vías de comunicación, la consecuencia que se sigue de todo esto era el aislamiento, que
conducía a la singularidad vital de cada comunidad. La dificultad de las comunicacio-
nes y la poca transmisión de los saberes de cualquier tipo, incluido el jurídico, reclui-
dos en monasterios y en catedrales, provocaron la asunción por parte de cada una de
las comunidades de la responsabilidad creativa del derecho, esto es, de la exigencia de
crear aquellas soluciones jurídicas que se estimaban precisas y necesarias en atención
a las necesidades concretas que cada grupo demandaba. La preeminencia del derecho
consuetudinario fue la consecuencia lógica de todo ello, a lo que siguió la fragmenta-
ción jurídica16.
Los reyes no estaban en condiciones todavía de garantizar la creación del derecho,
ni tampoco de auspiciar su correcta y uniforme aplicación. Con un poder en ciernes y
con una organización político-administrativa en formación, el papel del monarca fue
más el de un moderador o conciliador que el de un gobernante hegemómico. A todo
ello coadyuvó la propia mentalidad medieval, de corte marcadamente teológico: al ser
el derecho una creación divina, ninguna otra persona podía arrogarse dicha condición.
Nadie, salvo Dios, podía proceder a la creación del derecho que aparecía como algo
eterno e inmutable, al igual que su creador. El papel que le correspondía al ser huma-
no era el de buscar, indagar para conocer ese derecho, pero sin que osara a titularse en
ningún instante creador, generador, innovador. García-Pelayo destacaba esta idea:
salvo ejemplos excepcionales, como pudieron ser un Carlomagno o un Alfredo el
Grande, el rey medieval es un rey juzgador, se manifiesta como justo juez, nunca como
legislador. No es un creador de derecho nuevo, sino un aplicador del derecho existen-
te y un defensor a ultranza del mismo17.
16Carácter consuetudinario o formación espontánea del derecho, puesto de relieve por García-Pelayo,
M., “La idea medieval del derecho”, en Del Mito y de la Razón en la Historia del Pensamiento Político,
Madrid, 1968, pp. 65-97, al glosar los caracteres del derecho en la Alta Edad Media. La nota consuetudi-
naria (denominada la “normalidad normativizada”, opuesta a la “normatividad normalizada” que define
al derecho legal), se acompaña de otros elementos igualmente definidores del orden jurídico medieval: la
idea teocéntrica del derecho; la tensión entre universalismo y localismo jurídicos; la primacía del derecho
viejo sobre el nuevo; y la del derecho subjetivo. Sobre los caracteres del derecho medieval, vid. además
Kern, F., Derechos del rey y derechos del pueblo, Madrid, 1955, pp. 124-139; Guriévich, A., Las categorí-
as de la cultura medieval, Madrid, 1992, pp. 181-239; y Pacheco Caballero, F. L., “Reyes, leyes y derecho
en la Alta Edad Media castellano-leonesa”, en El Dret Comú i Catalunya. Actes del V Simposi
Internacional, Barcelona, 1996, pp. 165-206.
17Cfr. García-Pelayp, M., “El Reino de Dios, arquetipo político. Estudios sobre las fases políticas de la
Alta Edad Media”, en Los Mitos Políticos, Madrid, 1981, pp. 284-285: “Durante la Alta Edad Media la rea-
lización de la justicia consistía tanto en establecer normas jurídicas nuevas como en aplicar las existentes,
es decir, el derecho consuetudinario corregido por los derechos divino y natural. Por consiguiente la fun-
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Faustino Martínez Martínez Antología de textos forales de Galicia
Ante esta idea y ante la propia imposibilidad de los reyes de crear un orden jurídi-
co novedoso, se produce una traslación del centro de gravedad del mundo del derecho
hacia otros lares. El pueblo se convierte en el depositario del saber jurídico del
momento, un saber esencialmente práctico, alejado de dogmatismos y de teorizacio-
nes, y ese pueblo comienza a desarrollar paulatinamente aquellas conductas que
expresan su sentir jurídico. Esta visión, muy propia del pensamiento de la Escuela
Histórica del Derecho, debe ser matizada, porque, más que el pueblo, quien se encar-
gó de efectuar la renovación jurídica fue la élite dominante, como sucede en todo perí-
odo histórico: los grandes señores, laicos o eclesiásticos, fueron los que efectuaron la
creación normativa, generando aquellas prácticas y usos, que después se revestían con
el ropaje de la costumbre. Lorenzo Merino ha afirmado en este sentido que es un dato
histórico no cuestionable que, salvo excepciones señaladas como el Fuero de León o el
Fuero Juzgo, ha sido la costumbre local, el llamado usus terrae, la fuente cívica del
derecho gallego y la que ha conformado sus instituciones más características18. Esa
costumbre particular, sin embargo, no procede en esencia del pueblo, sino de los
poderosos, y suele recogerse por escrito en los fueros de la correspondiente localidad
a instancias de aquellos.
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Galicia no fue una excepción a este proceso creativo . Como destacó en su día
García Ramos, desde el siglo IX la región gallega tuvo su derecho especial y caracterís-
tico, concretado en los fueros de Padrón, Ribadavia, Castrocaldelas, Allariz, sin contar
con los muchos pueblos que recibieron el fuero del Benavente (Coruña o
Pontedeume): “Obispos y arzobispos otorgaron además a ciudades y villas frecuentes
privilegios y formas de juzgar, que constituyen reglas jurídicas que entonces los pue-
blos observaban. Los concejos, exteriorizando su autonomía, atentos a regular todos
ción del poder político no tenía naturaleza legislativa, sino judicial, lo que jerarquizaba políticamente no
eran las facultades legislativas, sino los derechos jurisdiccionales (alta, media o baja justicia), a disposi-
ción de cada escalón, y el rey modelo no era concebido como inteligente legislador (salvo alguna figura
semimítica como Alfredo de Inglaterra o como Carlomagno, a quien el pueblo imputaba frecuentemente
el buen derecho viejo), sino como justo juez, título que, en algunos sitios, ante todo en los territorios ale-
manes, es sinónimo de príncipe territorial. Sin duda que la escasa actividad legislativa durante la Alta
Edad Media se debió a distintas causas, tales como la tendencia estática de la sociedad, el escaso desarro-
llo de la economía dineraria y de la movilidad social que la acompaña, y la debilidad institucional del poder
político; pero sin duda también que se sustentaba ideológicamente en la idea de que la creación del dere-
cho, es decir, la ordenación de la justicia, es cosa de Dios y no de los hombres”.
18Cfr. Lorenzo Merino, F., El Derecho Civil de Galicia y la propuesta de compilación del 22 de marzo de
1991, Santiago de Compostela, 1992, p. 11.
19 Vid. Rodríguez Ennes, L., “Proceso histórico de formación del derecho civil gallego”, en Dereito.
Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 5, 2 (1996), pp. 251-282; Aproximación
a la historia jurídica de Galicia, Santiago de Compostela, 1999, pp. 51-68; e Historia do Dereito de Galicia,
Vigo, 2000, pp. 40-54.
Cuadernos de Historia del Derecho
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2003, 10 257-343