Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

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ANTEPROYECTO
Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

PREÁMBULO
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ahora se reforma, incorporó al
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, hoy en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas.
Esta armonización legislativa supuso un avance significativo para el correcto funcionamiento
del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la libre circulación de mercancías y servicios,
al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los
Estados miembros.
Junto a esta armonización legislativa, la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) nº 40/94,
del Consejo, hoy en su versión codificada, Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo, de 26 de
febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, instituyó un sistema de protección
unitaria de marcas en toda la Unión, que convive con los sistemas nacionales de registro de
marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de protección o registro de marcas en la Unión
Europea es de carácter dual, las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o
Estados miembros que se desee.
Esta duplicidad de sistemas de protección de marcas en la Unión Europea aconsejó una
evaluación general del funcionamiento del mismo y de la interrelación de los sistemas
nacionales y el sistema de la Unión. Los resultados de esta evaluación pusieron de manifiesto
que los usuarios estaban generalmente satisfechos con este sistema dual de protección.
En las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de
marcas en la Unión Europea, se invitaba a la Comisión a presentar propuestas de revisión de la
Directiva 2008/95/CE antes citada, indicando que esta revisión debería incluir en especial
medidas para lograr que dicha Directiva resultara más coherente con el Reglamento (CE)
207/2009, antes citado, para contribuir así a la reducción de las zonas de divergencia en el
conjunto del sistema de marcas en Europa.
La Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, que mediante la presente Ley de reforma incorporamos a nuestro ordenamiento
jurídico, señala en su considerando 8 que “resulta necesario superar la aproximación limitada
alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de
marcas”.
En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonización y, así se indica, que con la
finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa es esencial aproximar no
solo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental. A estos
efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se
incorporan a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento
(CE) 207/2009, produciéndose así una armonización legislativa no solo en los sistemas
nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión.
El derecho español de marcas ya incorporó en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en
concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas
o ciertas normas procedimentales, sin embargo, en otros campos normativos la citada Ley
española debe ser adaptada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha Ley
adoptó una solución distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva.
A continuación se expondrán las modificaciones más significativas introducidas en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
II
En cuanto a la legitimación para obtener el registro de marcas o nombres comerciales se
adopta una solución totalmente abierta, en el sentido de reconocer legitimación a cualquier
persona física o jurídica con independencia de sus circunstancias de nacionalidad, residencia o
de que goce de los beneficios de determinados convenios internacionales, como se establecía
en la normativa anterior. Aunque esta norma no viene impuesta por la nueva Directiva, la
experiencia ha demostrado que las restricciones existentes con anterioridad sólo afectaban a
casos aislados y en número insignificante, lo que ha aconsejado este cambio en consonancia
con la solución adoptada en otras legislaciones de nuestro entorno y, en concreto, por el
propio Reglamento (CE) 207/2009. Subsiste, sin embargo, en el texto del artículo 3 la
posibilidad de invocar la aplicación de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier
otro Tratado Internacional ratificado por España en todo lo que sea más favorable.
El concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones
mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras
empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una modificación en cuanto a la
manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado; se trata, en definitiva,
de una cuestión de especial importancia por la propia naturaleza inmaterial del bien objeto de
protección y por los efectos erga omnes que derivan de su inscripción registral. La anterior
normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica.
En la presente Ley, atendidos los avances tecnológicos, sólo se exige que el signo sea
susceptible de representación, sin más, en el Registro de Marcas, sin especificar el medio
empleado, pero requiriéndose que esta representación permita no sólo a las autoridades, sino
también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular.
La representación debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible,

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inteligible, duradera y objetiva. Esto permitirá emplear en la representación del signo la
tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.
III
Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se
sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de
origen remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del
derecho nacional para evitar errores de interpretación. Esta misma metodología se utiliza en
relación con los términos tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.
Asimismo se introduce una prohibición específica del acceso al registro de los signos que
consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención
vegetal anterior.
La protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía
sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la
distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola
categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la
Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión. En el mismo sentido que la normativa
anterior no se exige que exista riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que se
genere la incompatiblidad registral, resultando indiferente que los productos o servicios de la
marca solicitada sean o no similares con respecto de los que protege la marca renombrada
anterior, siempre que exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda obtener una
ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o cuando el uso del
nuevo signo pueda ser perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre.
En lo que respecta a las prohibiciones relativas y por exigencia la nueva Directiva se prevé la
inaccesibilidad como marca de los signos que resulten incompatibles con denominaciones de
origen o indicaciones geográficas protegidas, atribuyendo así un doble carácter a esta
prohibición, que es calificada a la vez de prohibición absoluta y relativa. Se pretende con ello
garantizar, respecto de determinados Estados miembros, que este motivo de denegación
pueda ser alegado mediante oposición, con independencia de que el mismo haya de ser
también examinado de oficio.
IV
En materia de procedimiento de registro se introducen modificaciones de detalle en los
requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación con la única finalidad de obtener
una perfecta coordinación con el requisito de “representación” suficiente del signo contenido
en el concepto de marca. Sin embargo el procedimiento de oposición ofrece novedades
significativas; se regula detalladamente la legitimación para formular oposiciones,
diferenciando los supuestos de oposición basaba en prohibiciones absolutas y relativas;
asimismo se da una solución a una cuestión no prevista en la normativa anterior, como es la
legitimación de los licenciatarios para formular oposición. Se regula igualmente la facultad del

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solicitante de registro contra el que se dirige la oposición de exigir al oponente que acredite el
uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposición, si ese uso ya
era legalmente exigible en dicho momento con arreglo a las disposiciones de la ley o, en su
defecto, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso. A falta de
acreditación del uso o su acreditación sólo para parte de los productos o servicios en que se
base la oposición producirá la desestimación de la misma en el primer caso o la desestimación
parcial de la misma, según proceda. De esta forma se pretende salvaguardar la función
primordial de la marca que radica en la identificación de productos o servicios en el tráfico
mercantil.
Se prevé expresamente lo que ya estaba consolidado en la práctica española, en el sentido de
permitir que las oposiciones se puedan formular en base de una pluralidad de derechos
anteriores siempre que pertenezcan al mismo titular y en base de la totalidad o parte de los
productos o servicios para los que estén protegidos. Igualmente se regula la posibilidad de que
la oposición se formule contra una parte de los productos o servicios.
En el procedimiento de renovación de registro se posibilita la adopción por la Administración
de medidas que agilicen notablemente los trámites que deben observar los interesados, al
poder disponer que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de
renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación.
V
Al definirse los derechos conferidos por la marca se incorpora la cláusula, ya contenida en el
artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC) anexo 1c por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio. En este sentido la eficacia de los derechos conferidos por la marca, en
definitiva el ius prohibendi derivado de la misma, debe entenderse sin perjuicio de los
derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de
registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada.
Se regulan en particular los actos que integran el ius prohibendi del titular, destacándose
como novedades sobre lo ya regulado en la normativa anterior los siguientes: la protección
reforzada de las marcas renombradas, de conformidad con lo expuesto anteriormente en el
apartado III; la utilización del signo como nombre comercial o como denominación social, o
como parte de los mismos; utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que
vulnere la Directiva 2006/114/CE.
Como en la normativa anterior, pero con otra formulación, se otorga al titular de una marca la
facultad de prohibir no sólo los actos directos de violación de una marca, sino también los
actos preparatorios para dicha violación.
Con respecto de las mercancías procedentes de terceros países sin que sean despachadas a
libre práctica, se regula la posibilidad de impedir la introducción de las mismas en un Estado
miembro en el que esté registrada una marca incompatible con la marca que las identifica, en

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el sentido de que incorporen un signo idéntico o virtualmente idéntico al de la marca
registrada. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditase que
el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las
mercancías en el país de destino final. Con esta medida se pretende reforzar la protección de
la marca registrada en el marco de las obligaciones asumidas por los Estados miembros de la
Organización Mundial del Comercio y combatir con mayor eficacia la falsificación de marcas.
En cuanto a los límites del derecho de marca se mantienen los principios generales anteriores,
salvo en dos puntos. El primero de ellos es la supresión del uso inmune en el tráfico económico
del nombre comercial o denominación social, restringiendo esta libertad de uso sólo al nombre
de las personas físicas y siempre que se haga, como ahora, de conformidad con las prácticas
leales en materia industrial y comercial. Este mismo principio está contenido en la letra d) del
artículo 34.3 de la presente Ley.
La segunda novedad en este ámbito de los límites del derecho de marca es dejar expresa y
directamente establecido que el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular
de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de
propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior. Se consagra así
lo señalado indirectamente en el apartado 1 del artículo 34 y se extiende este principio no sólo
respecto de las marcas anteriores, sino también respecto de cualquier otro derecho anterior.
VI
Es objeto de regulación especial la legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de
violación de marca. Se establece el principio general de que el licenciatario precisa el
consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca
objeto de licencia, sin embargo el licenciatario exclusivo estará facultado para incoar la acción
si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción.
Se reconoce el derecho de cualquier licenciatario para intervenir en el procedimiento por
violación de marca iniciado por el titular, con la finalidad de que pueda obtener la
indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.
VII
En la regulación de las causas de nulidad absoluta se otorga la competencia directa para su
declaración a la Oficina Española de Patentes y Marcas, modificándose así el principio general
contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial que otorgaba dicha competencia con carácter
exclusivo a los Tribunales de Justicia. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una
pretensión de nulidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de
una acción por violación de marca.
Se suprime como causa de nulidad la falta de legitimación para obtener el registro de marcas,
al haberse optado por reconocer legitimación a cualquier persona física o jurídica, incluidas las
entidades de derecho público.

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Por lo que respecta a las causas de nulidad relativa se otorga igualmente la competencia
directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su declaración, sin perjuicio de que
sean los Tribunales de Justicia los que la declaren cuando se presente una demanda
reconvencional en el seno de una acción por violación de marca. Se regula la prescripción de la
acción por tolerancia en consonancia con la regulación de la Directiva, excluyéndose de estos
casos de prescripción los que afecten a las marcas de agentes o representantes en
consonancia igualmente con la solución dada en la Directiva.
La solicitud de nulidad en vía administrativa o en la vía judicial por vía de reconvención
impedirá al mismo titular presentar una nueva pretensión de nulidad fundada en otro de sus
derechos, siempre que hubiera podido alegarlo en su primera petición de nulidad; se consigue
de esta forma una mayor seguridad jurídica, evitándose abusos.
En materia de caducidad de registro de marca se establece, al igual que en la nulidad, el
principio general de la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas para
su declaración y también la de los Tribunales de Justicia por vía reconvencional en acciones por
violación de marca.
Se excluye de las causas de caducidad la causa contenida en la normativa anterior consistente
en la pérdida por su titular de los requisitos exigidos para ser titular de una marca, dado que
esta exigencia desaparece en la nueva Ley, al poder obtener una marca cualquier persona
física o jurídica, sin otros requisitos adicionales.
Se regula detalladamente la legitimación para pedir la nulidad y la caducidad de la marca,
configurándose con una gran amplitud en los casos de nulidad absoluta y de caducidad por
falta de uso, conversión de la marca en denominación usual del producto o en signo engañoso,
dado que pueden solicitar una y otra cualquier persona física o jurídica, las agrupaciones u
organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios,
comerciantes o consumidores que tengan capacidad procesal. En los casos de nulidad relativa
la legitimación corresponde a los titulares de los derechos anteriores en que se fundamente la
nulidad.
Se establecen las líneas directrices del procedimiento administrativo de nulidad y de
caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria. En las solicitudes o acciones de
nulidad se regula detalladamente la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la
marca posterior, así como las consecuencias jurídicas de la falta total o parcial de uso de la
marca que confluyen en su ineficacia, todo ello en orden a la seguridad jurídica y con la
finalidad de que sólo permanezcan eficaces en el registro de marcas aquéllas que cumplan la
función que les es inherente, como es la de distinguir productos o servicios en el tráfico
mercantil.
En lo que respecta a los efectos de la declaración de nulidad y de caducidad, se introducen
modificaciones en la normativa anterior que afectan de manera especial a la declaración de
caducidad; en concreto, una vez declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos

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de dicha declaración se retrotraen a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la
fecha de la demanda reconvencional, según proceda, todo ello sin perjuicio de que en la
resolución o sentencia que la declare se fije una fecha anterior.
Los efectos de la declaración de nulidad no sufren modificación en la presente Ley,
entendiéndose que la marca registrada no ha tenido efectos desde el principio.
Se da un tratamiento sistemático uniforme a la regulación de los efectos de la declaración de
nulidad o de caducidad en lo que respecta a las resoluciones de violación de la marca
ejecutadas antes de la declaración correspondiente o a los contratos concluidos con
anterioridad.
Aun cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene atribuida una competencia por vía
directa en materia de nulidad y caducidad de signos distintivos, esta se encuentra compartida
con los Tribunales de Justicia cuando se plantea esta pretensión por vía reconvencional en las
acciones por violación de marcas, por esto se ha considerado conveniente regular de forma
especial los efectos de cosa juzgada, previéndose expresamente la inadmisibilidad de toda
demanda reconvencional por nulidad o caducidad si la Oficina Española de Patentes y Marcas
hubiera dictado ya una resolución firme con el mismo objeto; aplicándose el mismo criterio en
el caso inverso. Igualmente se excluye la posibilidad de plantear una solicitud de nulidad ante
la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante los Tribunales civiles por vía de reconvención a
quien la hubiera planteado con el mismo objeto ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Igualmente ha sido objeto de especial atención la litispendencia y la
prejudicialidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre los Órganos
administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante Órganos
diferentes en los que exista una conexión que condicione la resolución a adoptar.
VIII
No se introducen modificaciones esenciales en el concepto de marcas colectivas y de garantía.
Por lo que respecta a las primeras se suprime la referencia que contenía el anterior precepto a
los signos susceptibles de representación gráfica incluyendo una remisión al concepto general
de marca adoptado en esta normativa, que exige solamente la susceptibilidad de
representación.
Al regular las causas de nulidad o caducidad de las marcas colectivas se delimita con claridad la
competencia para su declaración de la Oficina Española de Patentes y Marcas o de los
Tribunales de Justicia por vía de reconvención, según proceda.
En la regulación concreta de las causas de caducidad se suprime, con respecto de la normativa
anterior, la negativa arbitraria por parte del titular de la marca del ingreso en la asociación a
una persona capacitada para ello o el incumplimiento de cualquier disposición esencial del
Reglamento de uso, por no corresponderse con la regulación contenida en la Directiva.

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IX
En la definición de las marcas de garantía o certificación se ha considerado de especial
relevancia el mantenimiento del “origen geográfico” como característica de los productos o
servicios que, entre otras, sea susceptible de certificación con este tipo de marcas, extremo
que ha sido omitido en la Directiva, aunque la definición deja abierta la vía de la inclusión de
“otras características” de los productos o servicios.
En la regulación de las causas de nulidad y de caducidad de las marcas de garantía se introduce
la misma reserva de competencia para su declaración que la anteriormente indicada en marcas
colectivas. Asimismo, las causas de caducidad se modifican eliminando de las mismas la
negativa arbitraria por el titular de la marca del uso de la misma a persona capacitada para ello
o cualquier incumplimiento del Reglamento de uso, en consonancia con la solución adoptada
en las marcas colectivas.
X
En las disposiciones comunes relativas a ambos tipos de marcas, colectivas y de garantía, se
modifica la regulación contenida en la normativa anterior referente al ejercicio de acciones por
violación de marca. En la marca colectiva y por lo que respecta a la legitimación activa de las
personas facultadas para usar la marca se produce una remisión a la legitimación de los
licenciatarios en las marcas individuales, asimilando aquéllas a estos. Por el contrario en las
marcas de garantía únicamente su titular o persona autorizada por el mismo podrá incoar una
acción por violación de marca.
Desaparece la prohibición temporal de registrar marcas colectivas o de garantía canceladas,
contenida en la normativa anterior y en lo que atañe a la cesión de dichas marcas se permite la
misma a personas que cumplan con los requisitos previstos para ser titulares de las mismas.
XI
La modificación del Reglamento (CE) 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009 impone
que toda solicitud de marca de la Unión se presente únicamente en la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea, esto impone a su vez la modificación del precepto de la
anterior normativa nacional que preveía, de acuerdo con el anterior texto de la Directiva, la
posibilidad de presentar estas marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas así como la
supresión de la tasa prevista al efecto, que comprendía la recepción de estas solicitudes y la
transmisión a la entonces denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior,
actualmente Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
XII
La atribución de la competencia en materia de nulidad y caducidad de marcas por vía directa a
la Oficina Española de Patentes y Marcas y el hecho de estar compartida esta competencia con
los Tribunales de Justicia cuando se plantee por vía reconvencional en acciones por violación

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de marcas ha hecho necesaria una modificación de las normas reguladoras de la competencia
de los Tribunales de Justicia contenidas en la Disposición Adicional Primera de la Ley de
Marcas. En este sentido la citada disposición, que fue objeto de modificación por la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ha sido objeto de una nueva modificación en la presente
Ley, declarándose aplicables a las diferentes modalidades de signos distintivos las normas
contenidas en el título XII de la Ley de Patentes en la medida en que no sean incompatibles
con su propia naturaleza, declarándose además expresamente en dicha norma que la
competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos corresponde a la
Oficina Española de Patentes y Marcas por vía directa y por vía de reconvención a la
jurisdicción civil. No sufre modificación la regulación de la competencia de los Juzgados de lo
Mercantil con funciones de Jugados de Marca Comunitaria, tal como se regula en la Ley
24/2015 antes citada.
XIII
Las tasas solo se han visto afectadas en dos supuestos. Conforme antes se expresó, la
modificación del Reglamento (CE) 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009 impone que
toda solicitud de marca de la Unión deberá presentarse necesariamente en la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unión Europea, excluyéndose la posibilidad de que estas marcas se
puedan presentar a través de una oficina nacional; esto ha determinado la supresión de la
letra d) de la tarifa 1.1.del Anexo de Tasas de la Ley de Marcas. Asimismo el establecimiento de
un procedimiento administrativo de declaración de nulidad y caducidad de marcas y nombres
comerciales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ha hecho necesaria la creación de
una tasa específica por este servicio, creándose un epígrafe 1.12 en la tarifa primera.
XIV
La normativa que regula el derecho transitorio contiene dos disposiciones generales que
afectan a todos los procedimientos y una específica para las solicitudes de nulidad y caducidad
de signos distintivos. En lo que se refiere al primer aspecto, los procedimientos sobre marcas y
nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley seguirán
rigiéndose por la normativa anterior. Por otro, lado se dispone que las marcas y nombres
comerciales concedidos durante la vigencia de las legislaciones anteriores se regirán por la
presente Ley.
El hecho de haberse demorado la entrada en vigor de la competencia directa de la Oficina
Española de Patentes y Marcas para el conocimiento de las solicitudes de nulidad y caducidad
de signos distintivos hasta el día 14 de enero de 2023 ha hecho precisa la regulación de una
normativa transitoria que regule específicamente esta cuestión, de forma que hasta que la
Oficina Española de Patentes y Marcas adquiera la competencia para declarar la nulidad o la
caducidad de los signos distintivos, será competente la jurisdicción civil, pero serán aplicables
las normas sustantivas que regulan la materia contenidas en el nuevo Título VI de esta Ley.

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Artículo único. Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas:
Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 3. Legitimación.
1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas,
incluidas las entidades de derecho público.
2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de
las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en
cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo
dispuesto en esta Ley.»
Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 4. Concepto de Marca.
Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres
de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su
embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades
competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección
otorgada a su titular.»
Tres. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 5. Prohibiciones absolutas.
1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.
b) Los que carezcan de carácter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del
servicio u otras características de los productos o servicios.

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