Trabajo Final de Grado Abogacía Roger Alfredo Navarrete 2013 Impacto del art. 8 de la ...

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by  Navarrete Ahumada

Trabajo Final de Grado

Impacto del art. 8 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos en el derecho procesal

penal

Abogacía

Roger Alfredo Navarrete

2013
1
Impacto del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el derecho procesal penal.

Navarrete, Roger Alfredo

Abogacía
2013

RESUMEN
El presente TFG aborda la evolución histórica de cómo las garantías jurídicas
estatuidas en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, impactaron el proceso penal interno,
generando modificaciones en la interpretación de estos principios elementales para la
defensa de la persona perseguida penalmente por la supuesta comisión de un delito. En este
contexto, se desarrolla además el proceso derivado de la reforma de la Constitución
Nacional en el año 1994, que genera la mayor modificación, al otorgar status constitucional
a diez instrumentos internacionales de derechos humanos, además de generar cambios en la
estructura jurídica de la organización del Poder Judicial de la Nación, por cuanto en los
tribunales inferiores se verifica la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal, como
organismo de revisión de sentencias de segunda instancia. Este conjunto de hechos
significativos, sumado al reconocimiento del Estado argentino de la competencia de la
Corte Internacional de Derechos Humanos, como revisora última de lo establecido en la
Convención Americana de Derechos Humanos, y por lo tanto, organismo internacional de
control de cumplimiento de estas garantías procesales, conformaron un conjunto de
aspectos que impactaron en el derecho procesal penal interno.

PALABRAS CLAVES
garantías – control – proceso – convencional – jerarquía - instancia

ABSTRACT
This TFG addresses the historical evolution of how the legal guarantees established in
art. 8 of the American Convention on Human Rights art. 14 of the International Covenant
on Civil and Political Rights, impacted the domestic criminal process, generating changes
2
in the interpretation of these basic principles for the protection of the person criminally
prosecuted for the alleged commission of a crime. In this context, further develops the
process arising from the reform of the Constitution in 1994, which generated the biggest
change, by giving constitutional status to ten international human rights instruments and
generate changes in the legal structure of the organization of the judiciary of the nation,
because the lower courts in verifying the creation of the National Chamber of Criminal
Appeal and review agency rulings on appeal. This set of significant events, coupled with
the recognition of Argentina within the jurisdiction of the International Court of Human
Rights, as a last reviewing the provisions of the American Convention on Human Rights,
and therefore, an international body monitoring compliance with these due process, formed
a set of issues that impacted on the domestic criminal procedural law.

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1. ÍNDICE
Capítulo 1: Introducción
1.1 Introducción ……………………………………………………………….…… 9
1.2 Antecedentes argentinos sobre pactos y convenciones internacionales ………. 15
Capítulo 2: Documentos Internacionales
2. Documentos Internacionales …………………………………………………..… 18
2.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos – antecedentes ….……...… 21
2.2 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos – antecedentes ….…… 25
2.3 Garantías judiciales incorporadas a la Constitución Nacional
por el texto del art. 8 de la CADH ….…….…….…….…….…….…….……. 27
2.4 Garantías judiciales incorporadas a la Constitución Nacional
por el texto del art. 14 del PIDCP. ……………………………………..……… 28
Capítulo 3: Convenciones - pactos internacionales y la jerarquía constitucional
3 Convenciones y pactos internacionales ……………………………………..… 32
3.1 Jerarquía de los tratados internacionales
antes de la reforma constitucional del ’94. ……………………………………. 32
3.1.1 Fallos “Siri” y “Kot” ……………………………………..……………… 33
3.2 Tratados internacionales en la reforma constitucional del ’94 ………………... 38
3.3 Jerarquía de los tratados internacionales
después de la reforma constitucional del ’94 …………………………………. 55
4
3.3.1. El Ministerio Fiscal ……………………………………..……………. 58
3.4 Corte Suprema de Justicia de la Nación y su recepción
del art. 8 de la CADH y 14 del PIDCP. …………………………………….. 59

Capítulo 4: Impacto de los tratados de Derechos Humanos en el Derecho Procesal
Penal
4. Impacto de los tratados de Derechos Humanos en el Derecho Procesal Penal… 65
4.1 Puntos de conflicto entre el articulado del art. 8 de la CADH
y del art 14 del PIDCP y lo estatuido por el Código Procesal
Penal Argentino y el Código Procesal Penal
de la Provincia de Santiago del Estero………………………………..……….. 69
4.1.1 Caso “Maqueda” ……………………………………..………………... 74
4.2 Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad …………………………………….77
4.2.1 Inconstitucionalidad ……………………………………………….… 77
4.2.2 Inconvencionalidad ……………………………………..…………… 81

Capítulo 5: Límites al abuso del Poder Penal del Estado
5. Límites al abuso del Poder Penal del Estado ………………………………….…84
5.1 Garantías Judiciales del art. 8 de la CADH y del art 14
del PIDCP y los límites establecidos al abuso del poder penal
del Estado, en garantía del respeto irrestricto de los
derechos individuales y de la dignidad del ser humano ………………………. 89
5.1.1 Garantías Judiciales ……………………………………..…………………. 90
5
* Derecho de ser oído …………………………………………………………… 90
* Plazo razonable ……………………………………..…………………………. 93
* Derecho a un juez competente ……………………………………..…………. 97
* Juicio previo ……………………………………..…………………………… 101
* Principio de inocencia ……………………………………………………...… 104
In dubio pro reo ……………………………………..………………. 107
Onus probando ……………………………………………………… 109
* Derecho a la igualdad en el proceso ……………………………………..….. 112
* Derecho a un traductor ……………………………………..……………….. 116
* Derecho a la información previa y detallada de la acusación ………………. 118
* Derecho al tiempo y a los medios para preparar la defensa ………………… 120
* Derecho a la defensa en juicio …………………………………………….… 122
* Derecho de interrogar a testigos y peritos …………………………………… 128
* Derecho de incoercibilidad del imputado ……………………………………. 134
Derecho a no ser obligado a declarar en su contra …………………. 135
Derecho a conocer sus derechos ……………………………………. 136
Derecho a no declarar ……………………………………..………… 137
Declaración obligatoria ……….…………………………………..… 138
Prohibición de engañar al inculpado ……..………………………… 139
* Derecho a recurrir fallo condenatorio ……………………………………..… 140
6
* Confesión válida ……………………………………..…………………….. 150
* Principio non bis in ídem ……………………………………..……………. 152
* Derecho a un juicio público ……………………………………..…………. 155
5.2 Cambios de criterios en los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación por el compromiso internacional ………………… 161

Capítulo 6: Conclusión
6. Conclusión ……………………………………………………………..… 167
Capítulo 7: Doctrina – Jurisprudencia y Legislación
7.1 Doctrina ……………………………………..…………………………. 171
7.2 Jurisprudencia ………………………………………………………..… 172
7.3 Legislación ……………………………………..………………………. 175
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Capítulo 1: Introducción
1.1 Introducción
1.2 Antecedentes argentinos sobre pactos y convenciones internacionales
8
Capítulo 1: Introducción

1.1 Introducción
Los derechos individuales de los argentinos están contenidos en la primera parte de
la Constitución Nacional (en adelante: CN), en los capítulos I y II en donde se establecen
las declaraciones, derechos y garantías, resultando de interés para el presente Trabajo Final
de Grado, los artículos 5, 18, 19, 31, 33 y 75 Inc. 22.
En los primeros, están contenidos los derechos y garantías originales consagrados
en la CN; mientras que en el 75, Inc. 221, mediante la reforma constitucional del año 1994,
se otorga jerarquía constitucional a una serie de diez de instrumentos internacionales
referidos a la protección de los derechos humanos, a los que se debe entender como
complementario de los derechos y garantías reconocidos.
Cabe recordar que estas garantías constituyen un marco que tutela y asegura que los
individuos puedan gozar y ejercer los derechos que le confiere la propia CN y solo pueden
ser invocadas frente al Estado; mientras que los derechos pueden ser ejercidos erga omnes.
(Jauchen, 2005).
En este contexto, el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en
adelante: CADH) y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en

1 Constitución Nacional, Art. 75 inc. 22: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y
con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen
jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las
condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de
esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo
podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la
jerarquía constitucional”.
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adelante: PIDCP) consagran un conjunto de garantías que deben observarse en las distintas
instancias del proceso penal.
Es necesario tener en cuenta además, que el proceso y el derecho penal son el
reflejo del conjunto de principios y valores de una sociedad que se exterioriza en su modelo
político y social, y que, además, influye directamente en el plexo legal penal, de allí que el
concepto de delito, su pena y el proceso penal estarán supeditado a tres cuestiones: 1) el rol
que esa sociedad le asigna al Estado, 2) el valor que le reconoce al individuo, y 3) la
regulación de la relación entre ambos. (Cafferata Nores, 2000).
La historia del derecho, en este contexto, nos muestra que el procedimiento del
ciudadano perseguido por la supuesta comisión de un delito ha variado sustancialmente,
modificándose el trato que recibía y el ejercicio de sus derechos.
De este modo, en la antigua Grecia, al igual que en Roma, imperó un sistema
acusatorio de enjuiciamiento en donde le estaba vedado al tribunal impulsar la acción de
oficio y el imputado gozaba de todos sus derechos en una posición de igualdad con su
acusador, lo que le posibilitaba su defensa.
Luego, en la Europa del Siglo XIII y hasta fines del S. XVI se conjugó el poder de
la Iglesia Católica y su Derecho Canónico, con el de las nacientes monarquías absolutas
como resultado de la nueva –por entonces- organización política, lo que derivó en la
implementación de un sistema de persecución penal inquisitivo como producto del cambio
histórico que se produjo en todas las instituciones de la sociedad.
Este nuevo modelo penal formaba parte de las estrategias de dominación política
que las adoptó como instrumento de protección de su poder y de intimidación de todo aquel
que se opusiera. (Jauchen 2005).
En este sistema inquisitivo, el inquisidor, que pertenecía al poder dominante, reunía
en él las funciones de legislar, administrar la justicia, investigar y juzgar, iniciando de
oficio, la mayoría de las veces, su persecución penal por simples denuncias anónimas. El
acusado, era un mero objeto de persecución, sin posibilidad de ejercer su derecho a defensa.
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