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Anteproyecto
de Código Orgánico
de Garantías Penales
La constitucionalización del derecho penal
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SERIE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
NEOCONSTITUCIONALISMO Y SOCIEDAD
Anteproyecto
de Código Orgánico
de Garantías Penales
La constitucionalización del derecho penal
Presentación de Eugenio Raúl Zaffaroni
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Néstor Arbito Chica
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Av. Amazonas y Atahualpa
Edif. Anexo al Ex Banco Popular
Telf: (593-2) 2464 929, Fax: 2469914
www.minjustica-ddhh.gov.ec
Equipo de apoyo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Tatiana Hidalgo Rueda
Nicole Pérez Ruales
ISBN: 978-9978-92-804-2
Derechos de autor: 032424
Imprenta: V&M Gráficas (02 3201 171)
Quito, Ecuador
1ra. edición: diciembre de 2009
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Contenido
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Néstor Arbito Chica,Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Presentación del Anteproyecto de Código de Garantías
Penales del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Profesor Eugenio Raúl Zaffaroni
Introducción
El Código Penal que una Constitución garantista exige . . . . . . . . . . .21
Ramiro Ávila Santamaría, Subsecretario de Desarrollo Normativo
1. Exposición de motivos....................................................................41
2. Índice del Anteproyecto..................................................................79
3. Libro I: La infracción penal...........................................................87
4. Libro II: El proceso.....................................................................195
5. Libro III: La ejecución penal.......................................................325
6. Apuntes sobre la construcción del Código....................................371
7. Nota biográfica del equipo técnico...............................................389
8. Bibliografía consultada.................................................................393
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Presentación
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha trazado el objetivo
de contribuir decididamente en la transformación de la justicia en el
Ecuador. Tarea nada fácil. Para ello, el Ministerio cuenta con varias subse-
cretarías que abordan el tema de la justicia y los derechos humanos de
manera integral, entre ellas la de desarrollo normativo. Uno de los mecanis-
mos de la transformación –conciente de que no es el único ni el principal–
es impulsar la reforma normativa.
En un primer momento se priorizó –no sólo por ser necesario sino por-
que era un mandato constitucional– la reforma orgánica estructural de la
justicia. El Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 544 del 9 de marzo del 2009, establece
un conjunto de medidas y herramientas para corregir y cambiar radical-
mente la administración de justicia en el Ecuador; entre otras, reconoce
principios rectores para el funcionamiento del poder judicial, define el perfil
del servidor judicial, crea sistemas de acceso al servicio judicial por méritos
mediante concursos públicos y transparentes, configura la escuela judicial
como un espacio de formación inicial y contínua, determina mecanismos
de evaluación permanente, establece control disciplinario a todos los actores
que intervienen en la Función Judicial cuando incurren en actos de corrup-
ción, incorpora a la universidad, a los abogados y abogadas como actores
cuya contribución es vital para el sector justicia.
En un segundo momento, se elaboró el Anteproyecto de Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que fue aprobado y
publicado en el Registro Oficial No. 52 del 22 de octubre del 2009, que
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NÉSTOR ARBITO CHICA
regula uno de los pilares fundamentales en el modelo de Estado Constitu-
cional de Derechos y Justicia: el rol de la Función Judicial en el sistema de
garantías constitucionales y el de la Corte Constitucional, máximo órgano
de control e interpretación de la Carta Magna. En esta ley, por un lado, se
desarrollan los principios y los procedimientos para hacer viable las acciones
constitucionales de protección de derechos, como herramientas de la ciuda-
danía para hacer efectivos sus derechos; y, por otro lado, se determinan las
competencias de la Corte Constitucional para garantizar la supremacía cons-
titucional.
En un tercer momento, corresponde realizar propuestas normativas
para garantizar el debido proceso, la tutela efectiva de derechos, la eficiencia
en los trámites y la oralidad, en el derecho ordinario. Se identificó tres gran-
des áreas: penal, administrativa y civil. Se optó por inciar con las reformas
penales por considerar que es el área en las que los derechos de las personas
son más vulnerables en un doble sentido: el derecho de las víctimas a la
tutela efectiva de sus intereses cuando se cometen infracciones penales y el
derecho de las personas procesadas a un juicio justo. De ahí la importancia
del debate actual sobre las reformas penales que ocupa espacios privilegia-
dos, pues nadie es ajeno al fenómeno delincuencial.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no puede ser indiferente
al clamor ciudadano para combatir la inseguridad ciudadana. La respuesta
tiene que ser integral y requiere medidas que van desde las políticas públicas
que garanticen inclusión social, la profesionalización de la Policía Nacional,
la eficiencia de la Fiscalía General del Estado en conjunción con la
Defensoría Pública y los órganos jurisidiccionales de la Función Judicial,
hasta la reforma penal. Creemos que las reformas puntuales y coyunturales
son insuficientes y que el sistema penal amerita una reforma integral y con-
secuente con el programa trazado por la Constitución del 2008.
El Anteproyecto de Código de Garantías Penales que presentamos a la
ciudadanía para su consideración, comentarios y críticas pretende entregar
una herramienta más para hacer que la tutela efectiva y la justicia no sean
meros enunciados en el papel. Las personas que accedan a este anteproyecto
deben estar seguras que el único motivo que nos ha impulsado a trabajar en
esta reforma es proporcionar un instrumento que pueda garantizar los dere-
chos de las personas involucradas en un proceso penal y combatir eficaz-
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PRESENTACIÓN
mente la impunidad. Pretendemos construir un Código que determine con
claridad las conductas que tienen sanción penal, los procedimientos en fun-
ción de la gravedad del daño y un sistema de ejecución de penas que no sea
un espacio de profesionalización de la delincuencia. Nos anima, en suma,
el ideal que ningún inocente sea enjuiciado y condenado, que las víctimas
de los delitos sean adecuadamente atendidas y reparadas y que las personas
que han cometido infracciones tengan todos los derechos durante el juicio
y cumplan penas útiles y proporcionales a la infracción que cometieron.
Esta propuesta ha sido elaborada por un equipo de juristas ecuatoria-
nos, todos servidores y servidoras públicos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que han trabajado más de un año estudiando no sólo
las más modernas doctrinas contemporáneas en el derecho sustantivo, pro-
cesal y ejecutivo penal sino también la realidad del país. Un primer borrador
de este anteproyecto ha sido comentado por juristas internacionales, de la
talla del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni y Massimo Pavarini, así como por
múltiples juristas nacionales, a quienes agradecemos el tiempo y la paciencia
por haberse permitido leer y absolver las consultas de nuestros funcionarios
y funcionarias.
Este Anteproyecto, demás decir, no es definitivo. Estamos concientes
que una propuesta no consultada es una propuesta incompleta. Esperamos
que esta publicación llegue a más gente, juristas, profesores, ciudadanía en
general, y que contribuya a la generación de un proyecto consensuado y que
responda a las necesidades del Ecuador.
Néstor Arbito Chica
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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